A principios de septiembre entrará en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que baja de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad. El gobierno de Santa Fe afirmó que la provincia está preparada operativamente y que la Justicia deberá actuar en consecuencia.
El gobierno de Santa Fe informó que la provincia está preparada para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que reducirá la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años. La normativa, aprobada en marzo mediante la ley 27.801, comenzará a regir el próximo 5 de septiembre.
En conferencia de prensa, la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, sostuvo: “Santa Fe está preparada para afrontar la baja de edad de imputabilidad, un proyecto que el gobernador Pullaro sostuvo y acompañó”.
Coudannes también se refirió a la infraestructura existente: “Santa Fe está preparada en materia de infraestructura. No es necesario generar ni cargos, ni oficinas ni nuevos recursos humanos porque veníamos preparándonos”.
La vocera destacó que el nuevo régimen contempla medidas alternativas y privativas de la libertad, desde prisión domiciliaria hasta establecimientos de puertas abiertas y cerradas, similares al régimen penitenciario. “Santa Fe cuenta con un Estado capaz de responder a los cambios normativos de manera eficiente, eficaz y rápida”, afirmó.
Además, Coudannes enfatizó el rol de la Justicia: “Es importante destacar los roles de un Poder Ejecutivo que se tiene que hacer cargo con la estructura, y de una Justicia que tendrá que analizar cada uno de los casos y normativas vigentes en relación a la baja de edad de imputabilidad desde los 14 años”.
El gobernador Maximiliano Pullaro, quien impulsó la reforma, había declarado anteriormente: “Lo planteé con mucha claridad porque entendía que el juzgamiento o la pena tenía que ver principalmente con el delito cometido y no con la edad de quien lo comete. Tal vez el Código Penal, cuando se pensó la escala de penas, era de una Argentina diferente a la de hoy”.
Estas declaraciones se producen luego de que el juez penal juvenil rosarino Alejandro Cardinale expresara dudas sobre la existencia de recursos suficientes para implementar integralmente la reforma.