La defensa de Juan Francisco Trigatti presentó este martes dos Recursos Extraordinarios Federales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: uno contra la prisión preventiva y otro contra la condena a 12 años de prisión.
La defensa de Juan Francisco Trigatti presentó este martes dos Recursos Extraordinarios Federales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El primero cuestiona la prisión preventiva y el segundo la condena a 12 años de prisión. Los planteos se centran en deficiencias procesales, en pruebas que la defensa sostiene fueron ignoradas o perdidas y en una revisión que no habría garantizado plenamente el derecho de defensa.
Trigatti permaneció durante gran parte del proceso en libertad, cumplió con las condiciones impuestas, realizó unas 160 presentaciones semanales ante el Ministerio Público de la Acusación y concurrió a más de 40 audiencias. La defensa sostiene que esa conducta contradice la existencia de un riesgo concreto de fuga y cuestiona que, después de una condena que no está firme, se haya convertido la prisión preventiva en una consecuencia automática.
El segundo recurso se refiere a la absolución por unanimidad en el juicio oral y la posterior condena de 12 años. La defensa afirma que la revisión de la absolución no fue amplia y que la instancia que condenó no garantizó un verdadero doble conforme. Además, señala problemas en la valoración y preservación de la prueba.
En relación con la prueba documental, la defensa menciona informes oficiales del Ministerio de Educación que indicarían que Trigatti no dictaba clases en el establecimiento durante el período de los hechos atribuidos, debido a las restricciones por la pandemia. La defensa sostiene que esa prueba fue desplazada en favor de testimonios que considera contradictorios.
También se cuestiona el tratamiento de la prueba médica. Cuatro profesionales de la salud, entre ellos integrantes del Equipo Interdisciplinario del Hospital Iturraspe, no habrían encontrado lesiones compatibles con los hechos denunciados. La defensa afirma que esas conclusiones fueron relativizadas y que los jueces realizaron interpretaciones propias sobre registros audiovisuales.
Uno de los puntos señalados es la pérdida de las imágenes de 32 cámaras de seguridad de la escuela. La defensa sostiene que esas cámaras registraban sectores donde habrían ocurrido los hechos y que las filmaciones nunca llegaron al juicio. Agrega que la Fiscalía resistió durante meses las órdenes judiciales para secuestrar los registros y que, cuando se intentó obtenerlos, las imágenes ya habían sido eliminadas por el sistema de sobregrabación.
Los recursos también plantean objeciones a la actuación de la Fiscalía. La defensa sostiene que la fiscal a cargo habría utilizado a su propia abogada para realizar entrevistas a niñas en el Servicio Local de la Niñez, circunstancia que comprometería la objetividad del órgano acusador. También cuestiona la incorporación de cuatro organizaciones como Amicus Curiae, por entender que su intervención alteró la igualdad de armas.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la queja por 4 votos contra 3. La defensa destaca el voto disidente del presidente del tribunal, Dr. Gutiérrez, quien habría considerado que los planteos podían configurar supuestos de arbitrariedad y vulneración de garantías constitucionales.
La Corte Suprema de la Nación deberá determinar si estos cuestionamientos alcanzan para abrir la instancia extraordinaria.