La Caja de Previsión Social de Ingeniería y los colegios profesionales de Santa Fe presentaron un amparo ante la Justicia provincial contra el Decreto Municipal 706/2026, que elimina la obligación de presentar una constancia de aportes previsionales al día para trámites de edificación. Este jueves, realizaron una concentración en la plaza 25 de Mayo.
La Caja de Previsión Social de Ingeniería y los colegios profesionales presentaron un amparo ante la Justicia provincial contra el Decreto Municipal 706/2026, que elimina la obligación de que ingenieros, maestros mayores de obra o arquitectos presenten una constancia de aportes previsionales al día para autorizar trámites de edificación y obras particulares en la ciudad.
El decreto, emitido en abril último, deroga dos artículos del Decreto 126/2024, que exigía una certificación de aportes preliminar al colegio profesional respectivo para otorgar el permiso de obra y otro definitivo como condición para el final de obra. La norma se apoya en la autonomía municipal establecida por la reforma de la Constitución santafesina.
El recurso judicial pasó por varios despachos. Hace unos días, el juez Mauro Raúl Bonato, de la Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 10ª Nominación de Rosario, dictaminó que el decreto no genera perjuicios ni va contra leyes provinciales. Los demandantes sostienen que no es un fallo de fondo y que la controversia continúa.
Este jueves, la Caja y los colegios convocaron a una concentración en la plaza 25 de Mayo para expresar su descontento. Los profesionales afirman que la Municipalidad no puede avanzar sobre una Caja jubilatoria, poniendo en riesgo la sustentabilidad de sus funciones previsionales y de servicios médicos. Agregan que la norma pone en peligro el futuro de más de 9 mil afiliados.
Además, sostienen que el Decreto 706 va contra la esencia de la Ley Araya (4114, de 1951), norma provincial que regula los honorarios profesionales de la ingeniería y disciplinas afines. Aunque su texto fue parcialmente desregulado, sigue como referencia base.
El Ejecutivo rosarino insiste en que el Gobierno local solo debe verificar que haya un profesional habilitado responsable de la obra, y que su función no es asegurar el pago de aportes jubilatorios. Con la decisión de la Municipalidad se alinearon la Cámara de la Construcción y la Asociación de Empresarios de la Vivienda, para quienes el decreto agiliza y destraba las actividades del sector.
El Palacio de los Leones señaló que, por un decreto posterior, asume la obligación de exigir a los profesionales un certificado habilitante para hacer los trámites, lo que facilita a la Caja previsional determinar cuándo asume un trabajo y así poder cobrarle los aportes correspondientes.