El diputado provincial Germán Scavuzzo presentó en la Legislatura de Santa Fe una iniciativa para regular la cobranza extrajudicial y establecer sanciones ante prácticas de acoso a deudores. La propuesta surgió a partir de un informe de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos de Rosario.
El diputado provincial Germán Scavuzzo (UCR) presentó en la Legislatura de Santa Fe un proyecto de ley que prevé regular la actividad de las agencias de cobro extrajudicial y sancionar el hostigamiento a deudores. La iniciativa, que ya ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, fue elaborada a partir de un informe de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos del Concejo de Rosario.
El proyecto establece que toda cobranza extrajudicial dirigida a consumidores domiciliados en la provincia de Santa Fe quedará sujeta a las disposiciones de la norma, incluso si el acreedor original o la agencia de cobranzas está radicada fuera del territorio provincial. Entre los principios que enumera el texto se incluyen el trato digno, la buena fe, la transparencia y la privacidad, con especial atención a personas vulnerables.
Según consta en la iniciativa, el primer contacto con el deudor deberá informar de manera clara quién reclama, en nombre de quién, el origen de la deuda y el modo de impugnarla. Además, se limita la cantidad de comunicaciones a un máximo de dos por semana, que se reduce a una para consumidores hipervulnerables, como mayores de 70 años, jubilados, pensionados o personas con discapacidad. También se prohíben los contactos entre las 20 y las 9 horas.
El proyecto prohíbe a las empresas contactar a familiares, vecinos o empleadores para exponer la deuda, así como el envío de mensajes que simulen una actuación judicial inexistente, por ejemplo mediante expresiones como “embargo inmediato” o “secuestro de bienes”.
En cuanto a las sanciones, se establece un apercibimiento como primera medida y, en caso de reincidencia, multas que van desde 0,5 a 2.100 veces la canasta básica total para un hogar tipo 3 elaborada por el Indec, que actualmente asciende a 1.645.737 pesos. Ello equivale a montos que van desde unos 800.000 pesos hasta 3.400 millones de pesos. También se contempla la suspensión de hasta cinco años de los registros de proveedores del Estado provincial y la baja de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios en la provincia.
La iniciativa establece responsabilidad solidaria entre la agencia de cobros y el acreedor original, ya sea banco o entidad no financiera, como las billeteras virtuales.
La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, declaró: “Todos los días, vecinos y vecinas nos plantean una situación muy angustiante. Además de estar endeudados, tienen que soportar llamados a toda hora, mensajes que simulan actuaciones judiciales o la vergüenza de que contacten a sus familiares o a su lugar de trabajo para reclamarles”. Y agregó: “Esta ley pone un límite claro: una deuda puede reclamarse, pero no se puede hostigar a la persona endeudada”.
La jefa de la Oficina de Derechos Ciudadanos, Nadia Amalevi, señaló: “Advertimos que el problema ya no es solamente la deuda, sino también la manera en que se la reclama. Una persona endeudada no pierde sus derechos ni puede quedar sometida a amenazas, intimidaciones o exposiciones frente a su familia y su ámbito laboral”.
El informe semestral de la Oficina, correspondiente a junio de 2026, registró 4.396 actuaciones entre diciembre de 2025 y junio de 2026, con un crecimiento interanual del 42,7%. De ese total, 1.631 expedientes correspondían al Área Financiera, que registró un aumento cercano al 60%. Los datos actualizados al 21 de agosto muestran un total de 6.192 actuaciones, de las cuales 2.385 pertenecen al Área Financiera. Dentro de ese grupo, 1.084 casos presentan inconvenientes relacionados con deudas, hostigamiento para su cobro o registros en bases de datos como Veraz o la Central de Deudores del Banco Central.
El proyecto también aborda el fenómeno del “encadenamiento de deudas”, que consiste en que personas solicitan préstamos a entidades financieras para cancelar deudas con bancos y luego recurren a prestamistas informales. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) denomina a este proceso “precarización del endeudamiento”, al pasar de una deuda bancaria con un costo financiero total (CFT) de hasta 180% anual a una con CFT de hasta 1375% y empresas de cobranzas o prestamistas informales.