La justicia de Santa Fe ordenó la prisión preventiva por 30 días para dos hombres acusados de adquirir armas legalmente para desviarlas al mercado ilegal. La investigación incluye denuncias de robo consideradas falsas y contradicciones en las declaraciones.
El juez penal de Santa Fe, Martín Torres, dispuso este jueves la prisión preventiva por 30 días para Pablo Sebastián Pilotti y Luciano Alejandro Varino, imputados por presunta provisión ilegal de armas de fuego. La medida se resolvió en una audiencia realizada en la Sala 6 de los Tribunales de la ciudad.
La fiscalía, a cargo de Juliana González, del Equipo de Trabajo de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación, sostiene que ambos adquirieron pistolas como legítimos usuarios para luego desviarlas al circuito ilegal. La investigación se inició a partir de la detención de Salvador Alejandro Émolo, ocurrida en diciembre pasado, acusado de entrega indebida de armas de fuego con habitualidad.
Pistola prestada
A Pilotti se le atribuyó haber comprado una pistola semiautomática Bersa calibre .380 el 19 de julio de 2025, en su carácter de legítimo usuario. Según la fiscalía, el arma fue desviada al mercado ilegal sin que exista denuncia por robo ni constancia de préstamo. Durante el allanamiento en su vivienda de calle Marcial Candioti al 6600, Pilotti reconoció ser titular de esa pistola y afirmó haberla prestado a un vecino identificado como “Alexis”, cuyo apellido no aportó “por miedo”. En el procedimiento, se secuestró un revólver calibre .22 corto y municiones sin documentación del dormitorio de su padre.
Cuatro armas y una denuncia
A Varino se le atribuyeron tres hechos. El primero, haber comprado en diciembre de 2025 cuatro pistolas semiautomáticas (tres calibre .380 y una 9 mm) como legítimo usuario, con el supuesto fin de desviarlas al mercado ilegal. Las armas no fueron halladas en el allanamiento a su domicilio de Pasaje Ruiz al 8100.
El segundo hecho consiste en una denuncia de robo de esas cuatro armas, realizada el 5 de enero de 2026, que la fiscalía considera falsa y destinada a encubrir el verdadero destino de las armas. El tercer cargo se relaciona con Émolo: Varino habría declarado en un estudio jurídico que Émolo le prestó dos pistolas Bersa Thunder a fines de noviembre, armas que la Justicia reclamaba. En la investigación, esas mismas armas aparecen vinculadas a un supuesto préstamo a Pilotti, quien lo negó.
Declaraciones
En la audiencia, Varino reconoció haber mentido en la declaración realizada en el estudio jurídico, con el fin de ayudar a Émolo. “Todo lo hice para hacerle una gauchada a Émolo. No sabía que era delito”, sostuvo. También dijo que las cuatro armas a su nombre habían desaparecido durante una mudanza, pero aclaró que “no era cierto que las dos armas de Emolo hayan sido robadas”.
Pilotti, por su parte, relató que la pareja de Émolo le pidió una fotografía de su carnet de legítimo usuario para “poder transferir dos pistolas”, pedido que rechazó. “Le dije que ni en pedo, no soy boludo, dónde están las dos pistolas, la saqué de volador”, declaró.
La fiscalía presentó conversaciones telefónicas recuperadas por peritos, en las que Varino le dice a Émolo: “Cuando agarre el aguinaldo compro algo para revolear”, expresión interpretada como referencia al desprendimiento ilegal de armas. También se recuperaron mensajes en los que ambos expresaban preocupación porque “no salte la patada”, interpretado como temor a que surgieran sospechas en la armería.
Medida cautelar
La defensa, a cargo del abogado Raúl Sartori, consintió la prisión preventiva por un mes. La fiscal González fundamentó la medida en la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio, y destacó la colaboración prestada por los imputados. El juez Torres fijó el vencimiento de la medida para el 28 de septiembre.