Un relevamiento del Cels y otras organizaciones registró violencias durante la detención, el proceso judicial y el encarcelamiento de mujeres acusadas de delitos vinculados al crimen organizado en Argentina, Colombia y México. En Santa Fe, el estudio documentó el régimen de ‘alto perfil’ y sus efectos sobre las mujeres privadas de la libertad.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), junto con Dejusticia, CEA Justicia Social, Mujeres Libres, Elementa DDHH, la Red Internacional de Mujeres Familiares Privadas de la Libertad (RIMUF) e IDPC, presentó el informe «Castigo extra. Violencias hacia las mujeres en la lucha contra el crimen organizado». El estudio se basó en más de 40 entrevistas a mujeres encarceladas, liberadas y familiares de personas privadas de la libertad por delitos asociados al crimen organizado en Argentina, Colombia y México, realizadas entre julio y diciembre de 2025. También se entrevistó a operadores judiciales, de salud y defensores.
El informe señala que, en la región, la cantidad de mujeres en esta situación creció un 212% entre 2000 y 2024. Las organizaciones atribuyen este aumento a «el despliegue de políticas de drogas punitivas que persiguen, de manera desproporcionada, a mujeres provenientes de contextos caracterizados por la falta de oportunidades, que sufren violencia de género y son discriminadas en el acceso a la justicia».
Entre las vulneraciones relevadas se encuentran capturas realizadas con violencia y sin garantías judiciales, agentes que no se identificaron ni presentaron órdenes de detención, manipulación de evidencia, violencia física, verbal y sexual, y amenazas contra las familias. El informe documenta que las mujeres detenidas son aisladas durante periodos prolongados y sometidas a vigilancia constante, sin espacios de privacidad. También se registraron casos en los que hijos e hijas fueron amenazados o agredidos durante las detenciones, incluso con armas de fuego apuntando a los infantes.
El estudio identifica dos causas principales de la discriminación hacia las mujeres en este contexto. La primera es que «la lucha contra el crimen organizado carece de perspectiva de género en su diseño y despliegue», sin respuestas diferenciadas según el rol de cada mujer en las estructuras criminales. La segunda es que «las políticas de persecución al crimen organizado no son mecanismos excepcionales ni limitados a las redes criminales; carecen de fundamento normativo claro, son aplicadas sin criterios específicos y/o son usadas como una sanción disciplinaria dentro de las prisiones».
Situación en Argentina y Santa Fe
Para el reporte sobre Argentina, se entrevistó a cuatro mujeres privadas de su libertad en Rosario y a nueve familiares de Rosario y Buenos Aires. El país endureció los regímenes penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas señaló que estas políticas no respetan los estándares internacionales de derechos humanos. En 2020 había 1.283 mujeres presas por este tipo de delitos; en 2024, el último dato disponible, se contabilizaron 1.909.
Santa Fe aprobó una Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad que estableció un régimen para «internos de alto perfil», categoría que incluye a quienes hayan estado o estén en contacto con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, y a quienes presenten indicios de fuga, violencia, resistencia a la autoridad, participación en motines o tumultos. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad Nacional estableció el Sistema Integral de Gestión para Personas de Alto Riesgo en el SPF, que abarca también a quienes intimidan a funcionarios penitenciarios o entorpecen investigaciones.
Según el Sistema Penitenciario Federal, 132 personas están sometidas al régimen de alto riesgo (74 con condena), de las cuales más del 60% están detenidas por delitos relacionados con drogas. La autoridad nacional no aportó información sobre mujeres. El sistema penitenciario de Santa Fe informó 607 personas clasificadas como «alto perfil», de las cuales 55 son mujeres. Esta autoridad local no brindó información sobre los delitos, según el estudio.
El informe indica que «ninguno de los dos regímenes hace públicos los criterios de inclusión» y que, aunque fueron creados para albergar a personas vinculadas al crimen organizado, «es posible encontrar allí a personas acusadas de delitos como homicidio y hurto no relacionados con estructuras delictivas».
Condiciones de detención en Santa Fe
Los regímenes federal y provincial tienen un funcionamiento similar: celdas individuales con vigilancia permanente durante 20 o 22 horas diarias. En la provincia de Santa Fe, los hijos e hijas menores de seis meses pueden permanecer con sus madres, pero sin acceso a otros espacios del establecimiento. Los niños y niñas mayores de seis meses no pueden ser alojados con sus madres.
El estudio describe «condiciones materiales de detención graves, con celdas en mal estado y roedores». Está prohibido tener celulares, libros, radios, cuadernos, fotos familiares y elementos lúdicos para niños. Las mujeres no pueden asistir a talleres, trabajos o clases. Solo pueden salir de las celdas en grupos de tres o cinco durante 2 o 4 horas, para ir al baño, ducharse, cocinar, comer y hacer ejercicio, siempre escoltadas por personal encapuchado y sin identificación visible. También se registraron deficiencias en el acceso a la salud, como la exigencia de solicitudes por escrito o la falta de personal de pediatría.
El informe documenta que el personal penitenciario retira a los niños sin previo aviso y realiza requisas repetitivas y con violencia en presencia de infantes, llegando a pedir a las madres que quiten el pañal a los niños para inspeccionarlos, con amenazas de sanción ante la negativa.
El contacto con el exterior está restringido: las mujeres acceden a 20 minutos semanales de llamada telefónica en horario rotativo, a menudo incompatible con las rutinas de sus familiares. Las visitas son de media hora por quincena, limitadas al núcleo familiar y a través de vidrios blindados o rejas. Solo se permite contacto físico con hijos menores de 5 años. Las visitas requieren autorización, pero la falta de información clara sobre los requisitos provoca que algunas mujeres pasen meses sin recibir visitas, que pueden ser suspendidas de forma arbitraria. No se permiten encomiendas; solo existe un sistema de transferencia de dinero considerado poco transparente por defensores y familiares.
El acceso a la defensa fue «deficiente», según el estudio, porque no se informaba adecuadamente sobre cada etapa del proceso penal. «La mayoría de los defensores se limitaban a recomendar que aceptaran los cargos para acceder a beneficios y juicios abreviados, y evitar sanciones más graves».
Macarena Fernández Hoffmann, coordinadora del Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Cels y de la investigación, señaló que estos regímenes aíslan a las personas «dentro de su celda, con muy poca salida al espacio común y con ningún contacto con el afuera de la cárcel». Añadió que «esto implica no tener educación ni trabajo y limitaciones en todo contacto con sus familias». Hoffmann mencionó el caso de una mujer detenida que dio a luz a un bebé prematuro y no pudo permanecer en el hospital con él. «El bebé llega al penal, donde deja de tener los controles y las condiciones adecuadas. Su condición termina siendo de bastante gravedad y finalmente sale adelante. Pero no tenía las condiciones para estar allí y finalmente la mamá decidió separarse de su bebé y que se vaya con su familia».
Mujeres y crimen organizado
El informe documenta que las motivaciones para el ingreso y los roles de las mujeres en las estructuras del crimen organizado son diversos: coerción por parte de hombres (en su mayoría parejas), cercanía a mercados ilícitos por lazos familiares o uso de drogas, falta de oportunidades y búsqueda de emancipación o mayores ingresos. Los roles van desde limpieza, cuidado y transporte hasta administración de puntos de venta, espionaje o sicariato. Los casos de mujeres con altos cargos son excepcionales.
Hoffmann afirmó que «tener alguna relación familiar ya te hace pasible de entrar en estos regímenes. Y esto es bastante discrecional». Agregó que «estas medidas ponen en suspenso ciertos derechos y tienen una forma de recaer que es peor para las mujeres. Por eso decimos que configuran un castigo extra». Explicó que las mujeres «suelen tener menos capacidad de defensa, suelen estar en lugares más vulnerables que los hombres y eso hace que, al momento de la defensa y de la seguridad dentro de la cárcel, queden mucho más expuestas y sufran diferentes violencias. Muchas veces se usa a los hijos como forma de extorsión para que se declaren culpables o los mismos hijos sufren violencia directamente en el momento de la detención».
Sobre el impacto en los lazos sociales, Hoffmann sostuvo que «muchas veces son las relaciones las que están criminalizadas, por ejemplo las relaciones familiares». El castigo «busca justamente cortar ese lazo social. Es un castigo de aislamiento total». Reconoció que «el narcotráfico suele generar muertes y destruir también el tejido social, con lo cual de alguna forma puede ser necesaria la aplicación de medidas excepcionales. El problema es que es un ‘vale todo’. Respecto al encarcelamiento, hay algunas cuestiones que es muy importante que estén moduladas, como la proporcionalidad y la transparencia. Pero no es lo que pasa».
Las organizaciones recomiendan a los Estados garantizar que las políticas de persecución del crimen organizado no impliquen una suspensión de derechos y garantías durante la investigación y la aplicación de la sanción penal, y adoptar una perspectiva de género y de derechos humanos que contemple la situación de las mujeres cuidadoras y sus familias. También aconsejan atender los principios de dignidad, igualdad, no discriminación, legalidad, proporcionalidad y resocialización en los sistemas penitenciarios.