La Asamblea Ni Una Menos, Mumalá y organizaciones sindicales y sociales de la capital provincial presentaron un pedido formal para que se declare la Emergencia en Violencia de Género a nivel provincial y nacional. Según datos de observatorios, entre enero y agosto de 2026 se registraron 32 femicidios y 62 intentos de femicidio en la provincia de Santa Fe.
Organizaciones feministas y sociales de la ciudad de Santa Fe solicitaron la declaración de la Ley de Emergencia en Violencia de Género, tanto a nivel provincial como nacional. El pedido fue realizado por la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe, Mumalá y diversas agrupaciones sindicales y sociales de la capital provincial.
En un comunicado, las organizaciones señalaron que “nuestras vidas están en emergencia” y exigieron “la urgente declaración de la Emergencia en Violencias de Género en Santa Fe y a nivel nacional”. Según el Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de MuMaLá, entre enero y el 18 de agosto de 2026 se registraron en la provincia 32 femicidios y 62 intentos de femicidio.
Las organizaciones manifestaron que “los Estados son responsables” y que “los casos se multiplican en forma alarmante”, lo que evidenciaría “el vaciamiento institucional, la falta de presupuestos, de presencia y asistencia en el territorio, de campañas de prevención, la desprotección de mujeres y disidencias”.
La declaración de la emergencia en violencia de género implica que el Estado reconoce la existencia de esta problemática y la considera prioritaria para la asignación de presupuesto y la generación de políticas públicas. Los índices de femicidio reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de prevenir y acompañar a las mujeres y disidencias sexuales que se encuentran en contextos de violencia.
A nivel nacional, el gobierno de La Libertad Avanza disolvió el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, lo que dejó a Argentina, desde 1987, sin un organismo específico para la articulación de políticas de género. En Santa Fe, las organizaciones describieron que el cambio de Ministerio a Secretaría de Género implicó una reducción de las partidas presupuestarias destinadas a estas políticas.
Alejandra García, militante de la Campaña por la Emergencia en Violencia de Género y residente de Santa Fe capital, afirmó en diálogo con El Ciudadano que la única política provincial vigente es el Programa Acompañares. “Es una ayuda económica por única vez y es muy difícil acceder. Las organizaciones tenemos que ir y pelear a la Secretaría de Género para que le den esta ayuda, por así decirlo, a las mujeres. Y generalmente también se revictimiza a las víctimas de violencia en este proceso”, señaló.
García también mencionó que existen “fortalecimientos de áreas de género en comunas y municipios, que no funcionan y no están pudiendo abarcar todas las situaciones y las problemáticas que hay en torno a la violencia de género”. A nivel nacional, indicó que solo se mantuvo el programa Acompañar, que requiere ciertos requisitos para obtener una ayuda económica por seis meses, entre ellos la realización de la denuncia. “Una mujer que vive con el violento tiene que hacer una denuncia y además, si está con niñeces, ¿qué hace? ¿Adónde va esa mujer con sus hijos para salir de la casa del violento?”, se preguntó.
Desde la Asamblea Ni Una Menos capitalina solicitaron la declaración de la Emergencia en Violencias de Género acompañada de partidas presupuestarias “acordes a la magnitud del problema, de rápida ejecución, con políticas integrales, sostenidas y con presencia territorial, que garanticen prevención, asistencia, protección y reparación para quienes atraviesan situaciones de violencia”.
Datos nacionales y provinciales
Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, entre enero y agosto de 2026 se registraron en Argentina 142 femicidios, 18 femicidios vinculados, siete casos de instigación al suicidio y seis transfemicidios/travesticidios, totalizando 173 víctimas. El relevamiento indicó que “se produce una víctima letal de violencia de género cada 34 horas”.
La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de víctimas con 52 casos, seguida por Santa Fe con 27 y Córdoba con 11. El mismo observatorio registró 235 intentos de femicidio, 38 intentos de femicidios vinculados y un intento de transfemicidio, lo que equivale a un intento cada 25 horas.
El informe detalló que los crímenes ocurrieron principalmente en la vivienda de la víctima (42%), en vivienda compartida (22%), en la vía pública (19%) y en la vivienda del agresor (7%). El 64% de los agresores pertenecía al círculo íntimo de la víctima: parejas (41%) y exparejas (23%). El resto de los vínculos fueron familiar (11,6%), conocido (6,4%), desconocido (3,5%) y sin datos (14,5%).
El observatorio sostuvo que “el Estado ha perdido capacidad de detección temprana y acompañamiento territorial” y que “el vaciamiento de las políticas públicas y el avance de proyectos legislativos que criminalizan a las denunciantes consolidan un marco de impunidad que garantiza la continuidad del ciclo de violencia letal”.
García expresó que “la violencia no empieza con el femicidio, ahí ya llegamos tarde” y que se debe “fortalecer la prevención, la atención en todos los niveles, el acompañamiento”. Agregó que “las respuestas necesitan ser territoriales” y que “la provincia tiene un programa que financia las áreas locales de género, pero pedimos a la Secretaría de Género la evaluación de cuánto estuvo ejecutado del presupuesto y es ínfimo”.
En cuanto al contexto, García analizó que “las mujeres somos las que salimos a la calle, les damos de comer a nuestras familias, estamos al frente de las ollas populares. Estamos siempre peleando para que no se nos saque ningún derecho. Entonces no es casualidad que siempre seamos el centro de ataque, porque saben que somos las que vamos a salir a la calle y es mucho más fácil culpar a las que están peleando por lo suyo, que hacer lo que tiene que hacer un Estado: estar presente para toda la población”.
Finalmente, afirmó: “Una mujer no puede salir de la violencia sin un Estado que garantice las condiciones materiales, el refugio, una vivienda, las capacitaciones, empleo, los centros de día, un subsidio. El Estado tiene que garantizar eso a la mujer violentada para que pueda salir de la casa del violento. Sin esas herramientas, se vuelve imposible y terminamos con la triste noticia del femicidio”.
Denuncias previas
El informe de “Ahora que sí nos ven” señala que solo el 14% de las víctimas (24 de 173) había realizado al menos una denuncia previa, y únicamente el 9% (16 de 173) contaba con una medida judicial vigente. Las organizaciones indicaron que “estos datos demuestran que, incluso cuando el Estado es advertido mediante mecanismos institucionales, las respuestas son insuficientes, tardías o ineficaces para prevenir el desenlace letal”.
También observaron “una tendencia a la baja en la realización de denuncias por parte de las víctimas de violencia de género” y consideraron que este descenso debe analizarse en el contexto de la discusión pública impulsada por el proyecto de la senadora Carolina Losada, que propone incrementar las penas para las llamadas “falsas denuncias”, y de la persistencia de discursos que criminalizan a las mujeres que denuncian.
El estudio concluyó: “La frecuencia de un femicidio cada 34 horas es el diagnóstico de un sistema de protección estatal en colapso. Se requieren respuestas institucionales urgentes, recursos presupuestarios adecuados y un marco legal que proteja, en lugar de criminalizar a quienes denuncian violencias”.