La fiscal general de Santa Fe, Cecilia Vranicich, brindó declaraciones este jueves tras la audiencia en la que la jueza María Trinidad Chiabrera dispuso prisión preventiva por 90 días para el exfiscal Mariano Ríos Artacho y otras cuatro personas, acusados de integrar una asociación ilícita que desvió 425 millones de pesos de cuentas judiciales.
La fiscal general de la provincia de Santa Fe, Cecilia Vranicich, ofreció una conferencia de prensa este jueves luego de la audiencia en la que la jueza María Trinidad Chiabrera resolvió dictar prisión preventiva por 90 días para el exfiscal Mariano Ríos Artacho y otras cuatro personas. Los cinco están acusados de integrar una asociación ilícita que desvió 425 millones de pesos depositados en cuentas judiciales.
“El Ministerio Público de la Acusación (MPA) no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional”, afirmó Vranicich. La funcionaria indicó que los actos de corrupción institucional son uno de los objetivos prioritarios del organismo, junto con los casos de violencias altamente lesivas.
Ríos Artacho era fiscal de la Unidad de Delitos Económicos. La investigación se inició a partir de anomalías detectadas en una cuenta judicial. De 148 cuentas en las que se depositan fianzas, secuestros, cauciones o reparaciones a víctimas, se analizaron 48. En ese universo se acreditaron al menos doce hechos delictivos de desvío de fondos. Según la acusación expuesta en la audiencia por los fiscales Adirán Spelta y Carla Cerliani, las maniobras se extendieron durante siete años.
“Es una investigación muy compleja que se ha llevado adelante prácticamente en menos de tres meses. Es importante decir que viene de la mano de una etapa de fortalecimiento y refundación que estamos viviendo en el MPA. Esto, lejos de debilitarnos, nos fortalece”, sostuvo Vranicich. La fiscal general dijo sentirse “defraudada en lo institucional” ante la probabilidad de un delito cometido por “un excompañero” del MPA.
“Hemos hecho lo que corresponde. Desde el año 2023 en el que comencé a ejercer la fiscalía general, el MPA no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional”, planteó. Asimismo, remarcó que se trata de “un caso” en un cuerpo de “214 fiscales en toda la provincia, trabajando con responsabilidad y compromiso. Tenemos fiscales condenados y hemos dado señales de que no nos tiembla la mano ni el pulso. Porque lejos de entender, como muchos años sucedió en el Poder Judicial, que mostrar lo malo debilitaba la institución, creemos que corresponde a una ética pública”.
De acuerdo con la acusación, la mecánica consistía en transferir dinero secuestrado en cuentas judiciales a personas que no tenían relación con las causas a las que esos fondos estaban ligados. Spelta, jefe de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, explicó a la prensa que las maniobras se concretaron a partir de oficios firmados por el exfiscal.
“En estos siete años se transferían los fondos depositados como fianzas o reparación de las víctimas o secuestrados en algún procedimiento. De esa manera salían de las arcas del Estado e iban a particulares. Luego iban subiendo en esta estructura piramidal hasta llegar al fiscal responsable de la causa”, declaró Spelta. Desde 2017 hasta la actualidad, esto representó el desvío de 425 millones de pesos. Se acreditaron 21 hechos de peculado, quince de fraudes a la administración pública y 21 falsedades ideológicas de instrumento público, indicó.
En algunas cuentas, se acreditó, se reintegraba el dinero cuando las causas a las que estaba ligado se encontraban cercanas a una etapa de revisión: “Hay un porcentaje que fue retornado. De doce causas, en nueve de ellas no hubo retorno de valores y en tres sí”, precisó Spelta.
Ríos Artacho fue imputado como jefe de una asociación ilícita con cuatro organizadores. Durante el trámite, el exfiscal declaró que incurrió en esas maniobras por padecer de ludopatía. “Este tema fue abordado por la jueza —evaluó Spelta—. Entendió que es una enfermedad reconocida y que debe ser considerada al momento de evaluar una futura pena, pero que de ninguna manera la va a bajar el reproche que se les tiene que hacer a las personas intervinientes”.
Consultada sobre posibles fallas en materia de controles internos, Vranicich respondió, citando lo dicho por la jueza en audiencia, que “las leyes de ética profesional de la administración pública requieren de quienes concursaron para el cargo conductas de buena fe y transparencia”. Al respecto, Spelta señaló que fueron los propios colegas de Ríos Artacho quienes detectaron las maniobras en la medida que debían plasmar su firma en los oficios. “Ellos fueron los primeros engañados. Luego el Banco Municipal, luego el resto de la sociedad”.