El Poder Ejecutivo provincial dispuso la destitución de tres agentes con cese de haberes tras quedar firme una condena por apremios ilegales ocurridos en septiembre de 2024 en San Javier.
El Poder Ejecutivo de Santa Fe dispuso por decreto la expulsión de tres policías de la fuerza provincial con cese en el cobro de sus haberes. La medida se adoptó después de que quedara firme un fallo que los condenó por el delito de apremios ilegales.
Los agentes alcanzados por la medida son Cristian Germán Gauna, Cantalicio Gustavo Javier Franco y José Carlos Yalasi. Dos de ellos tienen 44 años y el restante 47.
El decreto lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Fue rubricado este martes y registrado bajo el número 1919.
Los hechos que dieron origen a la sanción se remontan a septiembre de 2024 en la localidad de Colonia Francesa, departamento San Javier. Según la investigación, los tres agentes golpearon a un joven para obligarlo a confesar un presunto robo y falsearon el libro de guardia para ocultar lo sucedido.
Los hechos motivaron la actuación de la Unidad Especial de Asuntos Internos y de la Fiscalía Especial de Delitos Complejos, a cargo de Ezequiel Hernández. Se instruyó un sumario administrativo a través de la subsecretaría de Control de la provincia y, en paralelo, se ordenó la prisión preventiva de los agentes.
Por el mismo episodio, aunque por el delito de encubrimiento, fue también investigada una cuarta empleada policial, quien se desempeñaba como agente policial superior de servicios en el Destacamento N° 6 de Colonia Francesa, según precisa el decreto.
En el caso de Franco, fue imputado como autor y coautor penalmente responsable de los delitos de apremios ilegales calificados por provocar un grave daño a la salud de la víctima en concurso real con falsedad ideológica en instrumento público. También como autor de vejaciones y coautor de privación ilegal de la libertad por abuso funcional y falsedad ideológica en instrumento público, todo en concurso real. Fue condenado a tres años de prisión efectiva e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
Yalasi también fue imputado como coautor penalmente responsable de los delitos de apremios ilegales calificados por provocar un grave daño a la salud de la víctima. La pena impuesta fue idéntica.
Gauna fue imputado como coautor penalmente responsable de los delitos de apremios ilegales calificados por provocar un grave daño a la salud de la víctima en concurso real con falsedad ideológica en instrumento. La condena quedó firme en mayo de 2025 y también fue de tres años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo.
En agosto de 2025, la Secretaría de Control solicitó al Ministerio de Justicia y Seguridad que se aplicara la medida depurativa de destitución a los funcionarios policiales citados, sin la percepción de haberes.
En los considerandos del decreto de destitución se advierte que quedó fehacientemente demostrado que los agentes mantuvieron un comportamiento que no se condice con su calidad de funcionarios policiales y que se contrapone con la ética que deben observar en cada uno de sus actos. Se cita como antecedente un dictamen de Fiscalía de Estado donde se expresa que en el caso de existir condena judicial firme, el empleado es privado del estado policial produciéndose la extinción automática de la relación laboral, sin necesidad de ejercer acción disciplinaria ni iniciar procedimiento investigativo alguno, ya que la sola existencia de la misma evidencia una carencia de idoneidad e importa directamente una incompatibilidad ética que imposibilita la continuidad del agente en esa particular función.
La destitución implica el cese de la percepción de la totalidad de los haberes.