La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, María Belén Agudiez, presentó su renuncia tras ser imputada en la causa que investiga el desvío de alimentos e insumos desde la quinta presidencial hacia una empresa de catering privada. El Gobierno justificó despidos por motivos de seguridad, mientras la Justicia analiza facturaciones por más de 600 millones de pesos.
La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, María Belén Agudiez, presentó su renuncia indeclinable al cargo después de quedar formalmente imputada en la causa penal por fraude a la administración pública, según confirmaron fuentes judiciales. La investigación, a cargo del juez federal Ariel Lijo, analiza el presunto desvío de alimentos e insumos adquiridos con fondos públicos para la Casa Rosada y la quinta presidencial de Olivos.
La denuncia fue presentada por la diputada nacional y periodista Marcela Pagano, quien sostuvo que el 60% de los alimentos comprados para el abastecimiento oficial eran derivados a la firma «Pancitos Caseros», un servicio de catering privado administrado por familiares directos del intendente de la quinta, Osvaldo Sosa. La legisladora afirmó que toneladas de carne y harina terminaban en depósitos de esa empresa.
El expediente judicial también investiga facturaciones sospechosas por más de 600 millones de pesos emitidas a nombre de un jubilado vulnerable, en el marco de una licitación de 700 millones de pesos destinada al mantenimiento y parquización del predio. Según la denuncia, la beneficiaria habría sido una red de proveedores con lazos de parentesco con los funcionarios encargados de autorizar los pagos estatales.
El presidente Javier Milei se enteró del alcance público de las acusaciones a través de las redes sociales, según publicó el medio La Política Online. De acuerdo con esa versión, el mandatario ordenó el desplazamiento inmediato del intendente Osvaldo Sosa. Para justificar la salida del funcionario, el Gobierno comunicó un despido masivo de doce empleados históricos bajo la acusación de filtrar datos privados.
La Casa Rosada sostuvo que los despidos del personal civil respondieron a supuestos motivos de seguridad. En tanto, la oposición denunció maniobras de encubrimiento. Las partes involucradas mantienen versiones contrapuestas sobre los hechos.
Con el objetivo de centralizar el control patrimonial, el Gobierno transfirió la administración y custodia del complejo habitacional de Olivos a la Casa Militar, dependiente de las Fuerzas Armadas. La medida implicó el desalojo de las últimas dependencias manejadas por personal no uniformado.
La causa judicial continúa en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se analizan las pruebas documentales presentadas por la denunciante.