Un conflicto entre adjudicatarios y una empresa constructora por demoras e incumplimientos en la entrega de viviendas en Rosario reabre la discusión sobre los sistemas de acceso a la vivienda y el rol del Estado.
Un grupo de personas que participan de los planes de vivienda de Bauen-Pilay en Rosario reclama por incumplimientos, demoras y dificultades en las adjudicaciones y entregas de las unidades. La situación motivó que instituciones públicas comenzaran a registrar a los afectados.
El caso fue abordado por Silvana Codina, presidenta de la Fundación En Obras, en un artículo de opinión publicado originalmente en otro medio. Codina sostuvo que el problema excede el vínculo entre una empresa y sus clientes, y que debe ser analizado desde la política urbana.
«No se trata de desconocer las responsabilidades contractuales que correspondan ni de sustituir el papel de la Justicia. Se trata de reconocer que, cuando la vivienda compromete durante años el proyecto de vida de las personas, el problema deja de estar contenido en el ámbito de lo privado», afirmó.
La autora señaló que un sistema destinado a facilitar el acceso a una vivienda puede comenzar en un determinado contexto económico y atravesar, durante su desarrollo, una transformación radical de las condiciones en las que viven sus destinatarios. En veinte años, indicó, pueden cambiar los salarios, el precio del suelo, el costo de construcción, el acceso al crédito, las estructuras familiares y el mercado inmobiliario.
Codina también hizo referencia a la distancia entre el precio de la vivienda y la capacidad económica de los hogares. «El problema es la distancia creciente entre el precio que el mercado asigna a una vivienda y la capacidad económica de quienes necesitan habitarla», escribió.
En ese marco, mencionó el caso de Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada de la vivienda que habitó durante décadas, como una advertencia sobre los procesos de gentrificación. No obstante, aclaró que no se trata de trasladar mecánicamente esa situación a Rosario.
La presidenta de la Fundación En Obras planteó que el Estado no puede limitarse a intervenir cuando el conflicto ya se produjo y debe anticipar los procesos de concentración, desplazamiento y segregación. «Cuando el Estado deja que la organización del hábitat quede determinada exclusivamente por la capacidad de pago, está permitiendo que el mercado defina progresivamente quién puede vivir dónde», sostuvo.
El artículo concluye con una serie de preguntas sobre qué instrumentos, mecanismos de control, obligaciones e información deben implementarse para que situaciones similares se reparen y no vuelvan a ocurrir. Codina afirmó que la vivienda es privada en su interior, pero el derecho a habitar la ciudad es colectivo.