El tribunal revocó su decisión anterior y ratificó la imputación por descarga de efluentes cloacales e industriales sin tratamiento en el Emisario Sur. La causa fue iniciada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná.
La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de cinco exdirectivos de Aguas Santafesinas S.A. (Assa) por la contaminación del río Paraná. La medida judicial revierte un fallo previo del mismo tribunal que había eximido de responsabilidad a los exfuncionarios, y que motivó que en octubre del año pasado la Cámara Federal de Casación Penal reabriera la causa y restableciera el procesamiento.
La causa, iniciada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, imputa a los exdirectivos de la empresa provincial la descarga de efluentes cloacales e industriales en el río Paraná sin tratamiento previo en el Emisario Sur, ubicado en Ayolas y la colectora de Circunvalación.
En el fallo, la Cámara señala que los exdirectivos realizaron «la contaminación de un modo peligroso para la salud, el suelo y el agua, del cauce del río Paraná, volcando efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento en un volumen aproximado de 350.000.000 de litros diarios desde la Planta de Recepción Emisario Sur».
El escrito indica que estas acciones se desarrollaron mediante camiones atmosféricos «entre el 18 de septiembre del 2018 aproximadamente y el 15 de octubre de 2021 aproximadamente (fecha de las últimas actividades técnicas de corroboración)».
Los efluentes mencionados incluyen «sustancias con valores de coliformes termotolerantes elevados», es decir, desechos humanos. También se detectó la presencia de la bacteria Escherichia coli. El nivel de concentración de estas sustancias, según las muestras tomadas por los investigadores, permite considerarlas como residuos peligrosos en el marco de la demanda.
«Todo ello se produce al descargar la empresa responsable (ASSA) los efluentes líquidos cloacales e industriales provenientes del Emisario Sur en forma deficiente y sin tratamiento alguno al cauce del Río Paraná, ya que dicho emisario recolecta los líquidos de la red cloacal y de las instalaciones del predio donde se efectúa la descarga proveniente de camiones atmosféricos, contaminando el curso del rio Paraná y poniendo en riesgo la salud pública», agrega el fallo.
En diálogo con La Capital, el abogado Fabián Maggi, representante de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, afirmó: «Esta sentencia de la Cámara es un paso más en la lucha que vienen dando las organizaciones ambientales en defensa del río Paraná».
«En esta instancia, y después de un largo camino que incluyó al máximo tribunal en materia penal (en referencia a la Cámara Federal de Casación Penal), ahora se expide la Cámara Federal de Rosario confirmando que existe un daño ambiental sobre el río Paraná por efluentes cloacales y que, además, eso también representa un peligro para la salud pública», agregó.
Maggi recordó que existe otra causa en materia civil por la que tanto Assa como la provincia de Santa Fe y el Estado nacional tienen la obligación de construir una planta de tratamiento de efluentes cloacales en la zona del Emisario Sur: «Esta es una deuda pendiente que no se realizó a pesar de los insistentes reclamos. Es labor del Poder Judicial dictar una resolución que establezca, de manera definitiva, mecanismos obligatorios para que cumplan con la construcción de la planta».
Diariamente, se vierten casi 350 millones de litros de líquidos sin tratar al río Paraná. La demanda de una planta depuradora de efluentes se remonta a varios años atrás.
A finales de 2024, el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario dio lugar a un amparo ambiental presentado por la misma Asociación Civil Cuenca Río Paraná y ordenó a Assa y a los gobiernos provincial y nacional la concreción de la planta depuradora de efluentes cloacales. En ese entonces, la empresa aseguró a este medio que las obras ya estaban proyectadas y que buscaban ser incorporadas en un organismo que el gobierno nacional había disuelto en noviembre de 2024, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).
Dicha repartición tenía líneas de financiamiento especiales para este tipo de obras. La planta proyectada para Rosario, a junio de 2023, según el último dato suministrado por la empresa, costaba 11.735 millones de pesos.
La sentencia ya fue dictada, pero Maggi aseguró que las partes condenadas siguen sin cumplir. Por eso, iniciaron un proceso de ejecución de sentencia, una medida que permite interponer más recursos (algo que desde la asociación civil ya hicieron) para que la Justicia comience a aplicar multas, confiscar bienes o, incluso, resolver una ejecución forzosa de la obra por parte del Estado. El letrado anticipó que se encuentran trabajando para que se desarrolle esta última opción «porque Aguas Santafesinas no la cumplió de manera voluntaria».