La derogación de la ley que prohibía el glifosato en Misiones, un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y el proceso disciplinario contra una investigadora del INTA y CONICET son algunos de los hechos que abogados ambientalistas vinculan con un retroceso en la protección ambiental.
En la plaza José Hernández de La Colina, municipio bonaerense de General La Madrid, durante la tradicional Fiesta del Chorizo a la Pomarola, un cocinero arrojó embutidos al paellero desde un balde de glifosato. La imagen se viralizó y el intendente pidió disculpas a los vecinos.
El 3 de septiembre, la Cámara de Representantes de Misiones derogó por unanimidad la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, que prohibía el uso de glifosato en la provincia. La norma establecía que solo se podían utilizar bioinsumos autorizados por organismos nacionales y por los países de destino de las exportaciones. La derogación habilita el uso de glifosato si cuenta con esas autorizaciones.
En Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia dejó sin efecto una sentencia que había reconocido una distancia de resguardo de 1095 metros para aplicaciones terrestres y 3000 metros en áreas. El fallo había sido dictado en primera instancia a partir de un estudio que evidenció aumento de daño genotóxico en una niña.
En paralelo, la investigadora del INTA y CONICET Virginia Aparicio está al borde de la exoneración, la máxima sanción disciplinaria del empleo público nacional, luego de coordinar una investigación internacional que documentó la presencia de más de 200 plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas.
Aldana Sasia, abogada especialista en Derecho Ambiental e integrante del Foro Ecologista de Paraná, afirmó: «Creemos que hay que mirar estos hechos en conjunto, no porque exista necesariamente una conexión directa entre ellos, sino porque todos muestran una arena sobre la que hoy se presenta la discusión ambiental y es quién tiene realmente capacidad para producir información, imponer condiciones, discutir riesgos y obtener protección cuando enfrente existen intereses económicos de enorme magnitud».
Sobre el caso de Entre Ríos, Sasia sostuvo: «Sucede que una niña presenta un estudio que evidencia aumento de daño genotóxico, una familia lleva a juicio su historia clínica, estudios médicos, testimonios, información ambiental y evidencia científica, obtiene en primera instancia una distancia preventiva y luego el Superior Tribunal considera insuficiente la prueba para mantener esa protección. Ahí es donde vemos una enorme asimetría». Y agregó: «¿Qué posibilidad real tiene hoy un ciudadano común de proteger preventivamente su salud?».
El abogado ambientalista Fernando Cabaleiro declaró: «Estamos ante una inversión preocupante de la lógica basada en la precaución y estado de la ciencia con la que se construyó el derecho ambiental durante dos décadas en Argentina. Hoy se avanza en retrocesos que se apartan de esa lógica, y eso viola el principio de no regresión, que es importante aclararlo, no es solo un principio del derecho ambiental sino constitucional y convencional». Y añadió: «Lo grave y más preocupante es el no funcionamiento de los resortes del sistema republicano, que en esta materia los tiene el poder judicial, el que hoy, como es evidente, está descabezado con la actual composición ilegítima de la Corte Suprema. Lamentablemente los resquicios de justicia ambiental son muy pocos y los encontrás en algunos jueces o juezas, cámaras o tribunales superiores como la Suprema Corte Bonaerense. Pero son la excepción, no la regla».
Marta Ferreira, exministra de Agricultura Familiar de Misiones y una de las impulsoras de la ley derogada, afirmó: «El debate no debería quedar reducido a si se autoriza o se prohíbe determinado producto. La discusión que tenemos por delante es mucho más profunda: comprender que nuestro tiempo nos demanda producir de otra manera». Y agregó: «Tenemos que ser capaces de producir alimentos, sostener económicamente a quienes producen y, al mismo tiempo, cuidar el suelo, el agua, la biodiversidad y la salud. Y hacerlo pensando no solamente en nosotros, sino también en las generaciones que vienen».
Sasia también se refirió a la falta de discusión pública: «Vivimos rodeados de sustancias cuya presencia ha sido estudiada en agua, suelo, aire, alimentos y organismos humanos. Sin embargo, buena parte de esa información permanece fuera de la conversación cotidiana. La gente sigue viviendo, trabajando, llevando sus hijos a la escuela, andando en bicicleta por caminos rurales, sin conocer necesariamente qué moléculas circulan alrededor suyo ni qué sabemos científicamente acerca de la exposición crónica y combinada».
Y concluyó: «Si la ciencia que estudia plaguicidas tiene dificultades para divulgar sus resultados; si una provincia que había decidido abandonar progresivamente el glifosato retrocede en esa decisión; si frente a una niña con un biomarcador objetivo de daño se exige todavía mayor demostración para sostener una protección precautoria; y si enfrente existen industrias globales con una capacidad económica, científica y jurídica incomparable, la desigualdad resulta evidente».
Fuente: www.tiempoar.com.ar / Por: Gastón Rodríguez