El fiscal Iván Enríquez imputó a dos empresarios rosarinos detenidos por al menos 67 estafas cometidas desde su negocio de compraventa de automotores en San Martín al 2600. Una tercera socia quedó en libertad con restricciones.
El fiscal Iván Enríquez, de la Unidad de Investigaciones Estratégicas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), imputó este viernes a dos empresarios rosarinos que están detenidos y denunciados por al menos 67 estafas concretadas desde su negocio de compraventa de automotores, en San Martín al 2600, conocido como Rosario Motorsport.
Uno de los imputados es Juan Gabriel Alegre, detenido el lunes pasado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), durante un procedimiento realizado en la zona de avenida Pellegrini al 800. Al día siguiente se presentó espontáneamente ante la PDI Eduardo Escarcelo, otro de los socios de la firma, quien también quedó detenido por orden fiscal. La tercera acusada es una mujer: al finalizar la audiencia los dos hombres quedaron detenidos con prisión preventiva por 60 días, mientras que su socia, identificada como N.E., quedó en libertad con restricciones, por orden de la jueza María de los Ángeles Granato.
La investigación se inició a partir de las denuncias de clientes que aseguran haber sido perjudicados en distintas operaciones con la agencia. La defensa legal de los acusados, a cargo de los abogados Carlos Varela y Juan Lewis, plantea que no hubo dolo ni intención de perjudicar a los clientes, por lo que pedirá el cambio de carátula de la causa.
En la imputación la Fiscalía describe clientes que entregaron sus vehículos usados como parte de pago para adquirir otras unidades, pero nunca recibieron los autos acordados. También hay reclamos de personas que dejaron vehículos en consignación y luego descubrieron que habían sido vendidos sin su autorización.
La cantidad de víctimas puede superar las 100 personas, según declaraciones de abogados que representan a los denunciantes. En septiembre, compradores afectados estimaron que el perjuicio económico rondaría los 3 millones de dólares.
Según la acusación, para lograr que dichas víctimas entregaran sus vehículos o dinero, los acusados bajo la estructura comercial que brindaba la sociedad ofrecían precios o facilidades de pago supuestamente accesibles, todo bajo un trato personal con las víctimas, a fin de aparentar garantía de conclusión favorable de la operación.
La Fiscalía busca establecer las responsabilidades individuales en las operaciones denunciadas y reconstruir el recorrido del dinero y de los vehículos involucrados.
El caso también tuvo derivaciones en el fuero civil y comercial, donde la firma se presentó para intentar acceder a un concurso preventivo de acreedores. El trámite no prosperó debido a inconsistencias en la documentación presentada.