Un informe privado sostiene que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla recursos suficientes para aplicar la ley 27.795, suspendida por decreto y con fallos judiciales que ordenan cumplirla. El Ejecutivo mantiene la suspensión y envió al Congreso un proyecto para modificarla.
La ley 27.795 de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025, vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre siguiente, ratificada por ambas cámaras un mes después y con nueve fallos judiciales que ordenan aplicarla, continúa sin ejecución. El Gobierno suspendió su aplicación en octubre de 2025 mediante el decreto 759/2025, con el argumento de la falta de financiamiento específico.
Un análisis de la consultora Zentrix indica que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo al Congreso contiene los recursos necesarios para cumplir la norma. Según el trabajo, la aplicación plena requeriría entre 2 y 3,65 billones de pesos el año próximo, mientras que el proyecto incluye 5,93 billones de pesos sin asignación específica dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro.
El informe calcula el costo sobre los 7,35 billones de pesos que el artículo 12 del proyecto asigna a las universidades nacionales. Cumplir lo exigible por la cautelar –recomposición de salarios y becas– costaría unos 2 billones en 2027. La aplicación completa, que suma actualización de gastos de funcionamiento, financiamiento de hospitales universitarios, ciencia y extensión, requeriría entre 2,45 y 3,65 billones de pesos, según la base de cálculo. En todos los casos, el monto equivale a entre el 1% y el 1,8% del gasto total previsto para 2027 y a entre el 0,14% y el 0,26% del PBI.
La jurisdicción que más crece en el proyecto 2027 es Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasa de 5,6 a 14,8 billones de pesos, un 164%. Más de la mitad de ese monto, 7,68 billones de pesos, figura como “otras asistencias financieras”, sin beneficiario definido. El informe descuenta la reserva para aumentos salariales de toda la Administración Nacional (1,45 billones) y lo ya destinado a universidades (0,30 billones). Quedan 5,93 billones de pesos sin asignación específica, cuyo destino define el Ejecutivo durante el ejercicio. El costo de la ley completa equivale, como máximo, al 62% de ese monto.
El artículo 5 de la ley 24.629, en el que se apoya la suspensión, frena una ley de gasto solo “hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”. Si el Congreso incorpora la partida al tratar el Presupuesto 2027, el fundamento del Decreto 759/2025 dejaría de existir, según el análisis.
Un informe del Centro de Estudios de Economía Política (Cepa) señala que entre los presupuestos de 2025 y 2023 la caída en términos reales de los recursos para las universidades fue del 25,2%. La comparación entre 2023 y el presupuesto vigente en 2026, hasta el 14 de octubre, en pesos constantes y con proyección de inflación hasta diciembre basada en el Presupuesto 2027, implica una reducción acumulada de 22,0% respecto del inicio de la actual gestión nacional.
El Proyecto de Presupuesto para 2027 prevé un crecimiento real de 1,2% respecto del crédito vigente para 2026, pero se ubica 21,1% menos, en términos reales, que los niveles de 2023. En salarios, desde el inicio del Gobierno y hasta septiembre pasado, los ingresos de docentes y personal no docente de las Universidades Nacionales registraron una pérdida de poder adquisitivo del 24,2%. El Presupuesto 2027 aumenta la partida para “recursos humanos”, pero su ejecución total o parcial queda supeditada a la Secretaría de Educación Superior del Ministerio de Capital Humano.
El acuerdo de junio cortó 19 meses de caída salarial, pero el salario real sigue 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, unos 10.000 docentes renunciaron en ese período, y en 2025 la ejecución real de ciencia y técnica universitaria equivalió al 38% de la de 2023.
El Gobierno envió a mediados de enero un proyecto al Congreso para modificar la ley, que no fue tratado en comisiones en la Cámara de Diputados. El 6 de octubre pasado, un juzgado federal ordenó aplicar la ley completa, sentencia que el Gobierno apeló.