La jueza de Familia María Noel Campá dispuso la retención mensual de un Salario Mínimo, Vital y Móvil de los ingresos de una mujer para cubrir la cuota alimentaria de su hijo, además de su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La deuda supera los $4.000.000.
La jueza de Familia María Noel Campá ordenó la retención de haberes a una mujer en concepto de la cuota alimentaria de su hijo. El monto retenido equivale a un Salario Mínimo, Vital y Móvil fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil ($383.300), más la cobertura de la obra social. La suma deberá ser retenida por la empleadora de la demandada.
Además, se dispuso la inscripción de la mujer en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y se aprobó la planilla de la deuda, que supera los $4.000.000, según publicó el periodista Alberto Furfari en el sitio Versión Rosario.
El padre realizó la planilla de alimentos adeudados desde la interposición de la demanda (septiembre de 2022) hasta marzo de 2025. La planilla fue puesta de manifiesto y notificada, no fue impugnada por la demandada y contó con dictamen favorable de la Defensoría General, por lo que se aprobó en mayo del año pasado.
Con el patrocinio de la abogada María Belén Gilardoni, el padre denunció incumplimientos en el pago de los alimentos y solicitó la aplicación de apercibimientos legales a la progenitora. La Defensoría General dictaminó que podía ordenarse la inclusión de la mujer en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El padre denunció nuevamente el incumplimiento en el pago de varias cuotas alimentarias del año pasado.
El demandante destacó que la mujer trabaja en relación de dependencia y, ante los reiterados incumplimientos denunciados, pidió que se ordene la retención directa de la cuota alimentaria de los ingresos mensuales que percibe por su actividad laboral registrada.
La demandada contestó el traslado sobre la retención de haberes y expresó que efectuó reiteradas transferencias bancarias destinadas a solventar gastos personales, educativos, de salud y de manutención, de acuerdo con Versión Rosario.
En la resolución, la jueza Campá sostuvo que “los últimos aportes que la demandada ha efectuado en favor de su hijo, ya sea por transferencia directa o por medio de compras de artículos necesarios para su subsistencia, no pueden tener por acreditado el cumplimiento de una sentencia de alimentos que estableció claramente el monto a pagar a cargo de la progenitora, el tiempo y forma del pago de la misma, con inclusión de los apercibimientos en caso de su incumplimiento, y la que se encuentra debidamente notificada a la demandada”.
Agregó que exigir el cumplimiento de lo ordenado mediante la sentencia no implica “…privilegiar un excesivo rigor formal por sobre la realidad económica del vínculo familiar…” como pretende la demandada, por el contrario, el control del cumplimiento de una sentencia judicial garantiza la tutela judicial efectiva y hace al efectivo funcionamiento del estado de derecho, por cuanto si frente a cada sentencia se justificarían excepciones que permitieran el apartado de la misma, lo resuelto devendría en ficción, causando un perjuicio no sólo a las partes sino al sistema judicial en su totalidad.