Referentes del sector de Discapacidad se concentraron en la Plaza San Martín de Rosario y firmaron una carta al gobernador Maximiliano Pullaro para pedir que los diputados santafesinos voten la prórroga de la Ley de Emergencia. El Congreso no logró quórum el miércoles 14 de octubre para debatir el tema.
Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad se movilizaron este miércoles en Rosario y colmaron la Plaza San Martín, en el marco de una protesta nacional frente al Congreso de la Nación por los cambios propuestos por el gobierno nacional en la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad (Apridis), sostuvo en declaraciones a La Red Rosario: «Hay más de 350 mil personas en el país desamparadas que esperan una prestación, pero tampoco acceden a salud y educación».
El sector rechaza el proyecto que se debate en el Congreso y advierte que «recorta derechos y no constituye una mejora». Un dictamen de minoría, apoyado por los activistas, propone prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. El miércoles 14 de octubre, la Cámara de Diputados se preparaba para debatir esa prórroga, pero los diputados oficialistas con apoyo de sectores aliados no dieron quórum.
Pablo Bolego, presidente de la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad (Fatradis) e integrante del Foro por los derechos de las personas con discapacidad, afirmó en LT8: «Este miércoles se trata dictamen mayoría que es un proyecto que diputados oficialistas llaman superador y de superador no tiene nada».
Chapero y Apridis firmaron una carta dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro en la que solicitaron que los diputados de Santa Fe se presenten en la sesión para debatir y votar la prórroga de la emergencia. «Lamentablemente hay varios por fuera de La Libertad Avanza, que sabemos que no nos van a acompañar, que colaboraron para que no haya quórum la semana pasada», afirmó Chapero.
La presidenta de Apridis también se refirió a las declaraciones del gobierno nacional que ponían en duda la cantidad de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD): «Si hay algo trucho, que estos funcionarios nos muestren las denuncias y pruebas que sostienen su argumento. Lo que pasa es que no hay ninguna denuncia o investigación de la justicia respecto de las irregularidades que ellos dicen».
En cuanto al acceso a salud y educación, Chapero sostuvo: «Necesitamos que los pibes, en vez de estar en la casa, estén en un espacio donde puedan aprender y eso hoy no está sucediendo. Las familias están desesperadas porque no tienen trabajo, no tienen obra social y no pueden mandar a sus hijos a un centro terapéutico donde puedan encontrarse con otros pibes con discapacidad, puedan aprender, sociabilizar, jugar como hacen todos y el gobierno está planteando un proyecto que no financia estas cosas».
Bolego, por su parte, afirmó que la Ley de Emergencia en Discapacidad no se cumple en su totalidad porque si bien otorga aumentos mensuales por IPC, «se olvida de más del 30% que perdimos cuando el gobierno devaluó apenas llegó a Casa Rosada». También criticó que el proyecto del oficialismo «deja en manos del Ejecutivo los requisitos para acceder a la pensión y no podemos confiar en un presidente que fue capaz de vetar la ley de emergencia».
Un grupo de organizaciones envió una carta al gobernador Pullaro y a los diputados Gisela Scaglia y José Núñez en la que solicitaron la prórroga de la ley nacional 24.901. En el texto afirmaron: «El eje central de la presente solicitud es irrenunciable: los derechos de las personas con discapacidad no pueden convertirse en moneda de cambio de ninguna negociación política o económica entre el Gobierno provincial y el Gobierno nacional».
La misiva llevó la firma de Apridis, Colegio de Terapeutas Ocupacionales, Colegio de Fonoaudiólogos, CTA Regional Rosario, Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Fe – 2da Circunscripción Rosario, Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), Uendisfe y Acdisfe, entre otros.
Las organizaciones pidieron a Pullaro «que encabece las gestiones necesarias ante el Estado nacional para asegurar que los fondos destinados para el cumplimiento de la Ley 24.901 sean efectivamente garantizados y transferidos conforme a lo que la misma Ley establece» y a los legisladores de Provincias Unidas «que incorporen las modificaciones solicitadas por las organizaciones al proyecto de Ley en discusión».