Ocho personas fueron imputadas este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario acusadas de integrar una asociación ilícita. El juez Juan Ignacio Gasparini dictó prisión preventiva para tres de los acusados y libertad con reglas de conducta para los cinco restantes.
Ocho personas fueron imputadas este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario acusadas de integrar una asociación ilícita abocada a cometer robos, hurtos, encubrimientos y falsas denuncias. Durante la audiencia, el fiscal Carlos Covani atribuyó responsabilidades y roles específicos a cada uno de los acusados dentro de una estructura delictiva que operó de manera continuada desde septiembre de 2023 hasta el pasado 28 de octubre, fecha en que se desplegaron los allanamientos que permitieron su desarticulación.
De acuerdo con la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, parte de la banda operaba en la vía pública perpetrando el arrebato de teléfonos celulares a bordo de motocicletas. La modalidad implicaba el despliegue de al menos dos delincuentes por hecho: mientras uno ejecutaba el sustraimiento, el segundo prestaba cobertura de escape. Ante eventuales persecuciones policiales, los asaltantes abandonaban los rodados en la calle, los cuales figuraban registrados a nombre de otros miembros del engranaje criminal.
Para sostener el circuito operativo, las mujeres vinculadas a la organización acudían a sedes policiales para radicar denuncias falsas sobre el supuesto robo de las motocicletas abandonadas, logrando así restituirlas legalmente para continuar utilizándolas en nuevos atracos. A la par, otro de los acusados se abocaba a tramitar la regularización de multas e infracciones de tránsito ante el Tribunal Municipal de Faltas para mantener las unidades sin impedimentos de circulación.
Una vez sustraídos, los aparatos tecnológicos eran trasladados a diversos inmuebles regenteados por la banda, entre ellos una propiedad situada en calle Amenábar al 3500. En dicho punto se coordinaba el desbloqueo, reducción y posterior venta de los equipos, tareas delegadas a dos miembros específicos. El cobro de las transacciones comerciales se encauzaba a través de una billetera virtual a nombre de una de las mujeres imputadas.
Tras analizar los elementos presentados por la parte acusadora, el juez de Primera Instancia Juan Ignacio Gasparini formalizó la imputación. El magistrado dictó la prisión preventiva efectiva hasta el 28 de enero de 2027 para tres de los acusados, mientras que otorgó la libertad con reglas de conducta hasta esa misma fecha para los cinco restantes. Finalmente, dos de las integrantes sumaron cargos por el delito de falsa denuncia, tras haber fraguado el robo de motos ante la Comisaría 19ª en abril de 2025 y septiembre de 2026.