El procedimiento se realizó este martes en la residencia de San Bernardino, a 50 kilómetros de Asunción. La fiscal Silvia González afirmó que se trata de un cuarto de pánico aparentemente nuevo. La justicia investiga el escándalo del Ueno Bank, que derivó en la destitución del expresidente.
La Fiscalía de Paraguay abrió este martes la bóveda de seguridad oculta en la mansión de verano del expresidente Santiago Peña, en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, y constató que se encontraba vacía. La fiscal Silvia González declaró que se trata de un cuarto de pánico aparentemente nuevo.
Los investigadores habían descubierto la bóveda el domingo detrás de una pared falsa en la residencia. Tenía una doble puerta: la primera pudo ser abierta en el primer allanamiento, mientras que la segunda parecía inaccesible tras un mecanismo de seguridad israelí.
La mansión fue financiada parcialmente mediante préstamos de Ueno Bank, cuyas cuotas mensuales, según la investigación, equivalían a seis veces el salario presidencial de Peña. El hallazgo se produjo en el marco de una serie de allanamientos por el colapso del banco digital, intervenido el 3 de noviembre por problemas de solvencia, con un saldo de 3 millones de clientes sin acceso a sus depósitos.
El lunes, los fiscales registraron durante casi cinco horas otra residencia de Peña en Asunción, donde incautaron documentos, celulares, computadoras y grabaciones de cámaras de seguridad. También allanaron una sede del banco y la residencia del expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien integraba el directorio de Ueno Bank hasta su nombramiento al frente del organismo público, ahora imputado y en prisión preventiva. La Fiscalía anunció además gestiones con autoridades de Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar posibles fondos desviados al exterior.
El Tribunal de Conducta de la ANR resolvió el martes por la tarde expulsar a Peña del Partido Colorado. La decisión se produce luego de una serie de presentaciones promovidas por dirigentes y referentes colorados que reclamaron sanciones contra Peña por su actuación durante el gobierno y las consecuencias del escándalo financiero. En su resolución, el tribunal expresa que la ANR “se vio gravemente afectada por los hechos de carácter criminal” motivados por la conducta del expresidente.
Peña, destituido el viernes mediante un juicio político, está acusado de utilizar su influencia para favorecer a Ueno Bank, del que fue accionista indirecto hasta 2025. En noviembre de ese mismo año, el juez Diego Alejandro Torres hizo lugar a un pedido de amparo constitucional presentado por familiares y allegados del expresidente y la primera dama Leticia Ocampos con el objetivo de impedir que el Ministerio de Economía y Finanzas divulgue información sobre las empresas en las que tienen participación.
Entre los que realizaron la petición figuran la exesposa de Peña, Leticia Ocampos; su madre, Ana María Palacios de Peña; su padre, José Cayetano Peña Nieto; su hijo Gonzalo Peña Ocampos; sus hermanos Manuel Peña Palacios y Francisco Peña Palacios; y sus cuñadas Claudia Verónica Gómez y Rocío Caballero Bosch, entre otros. Según el diario Última Hora, argumentaron que podían ser violados “sus derechos constitucionales fundamentales a la intimidad del patrimonio documental”.
El 7 de septiembre del año pasado, el periodista Hugo Javier Portillo presentó un pedido de acceso a la información ante el Ministerio de Economía sobre todas las sociedades o empresas registradas en las que los familiares del expresidente figuren como accionistas o socios fundadores, miembros del directorio o “cualquier otro vínculo societario o de gestión empresarial que conste en los registros públicos”.
Pese a la decisión judicial que acompañó el pedido de la familia de Peña, el abogado Ezequiel Santagada contó a través de la red social X que la cartera de Economía ya había divulgado esos datos en respuesta a una solicitud previa a la de Portillo. Santagada expresó al diario ABC Color que esa información podría servir a la Fiscalía para pedir medidas cautelares en relación a las personas y sociedades que aparecen, y agregó que “por algo ya no querían que se supiera sobre ellos y las firmas que controlaban”, al recordar cómo algunas de esas sociedades recibieron “préstamos” de Ueno Bank.
El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció este martes que la recuperación de los recursos de los aportantes y jubilados del sector público de la intervenida Ueno Bank “tendrá prioridad”, y afirmó que se devolvieron sus ahorros a un 95 por ciento de los clientes cobijados por la garantía del Estado, aunque eso no significa que esas personas hayan recuperado todos sus ahorros. “El remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso”, publicó en sus redes sociales Alliana, quien el viernes pasado juró al cargo en medio de la crisis de Ueno, que derivó en la destitución de Santiago Peña.
La caída de Ueno generó preocupación por la recuperación de unos 800 millones de dólares de instituciones públicas depositados en sus arcas, entre ellos los de cinco cajas pensionales. Una de las afectadas es el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra el sistema de salud y los aportes de jubilación de la mayoría de los trabajadores del país. Según Alliana, se pagó ya a 1.740.000 ahorristas, el “equivalente a 330 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos”.
Este fondo, que se activó tras la apertura del proceso de resolución de Ueno, cubre hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares actuales) “por persona física o jurídica”, según ha explicado el Banco Central del Paraguay (BCP). Pero una ley aprobada el miércoles de la semana pasada por el Congreso para agilizar la devolución de los recursos a miles de clientes del intervenido banco estableció en hasta 40 salarios mínimos el monto máximo del anticipo para la devolución de los recursos.
Ueno Bank cifra, según su web, en unos 2,94 millones sus clientes en este país de 6,1 millones de habitantes. Entre los fondos sin fecha de devolución, figuran cientos de millones de dólares de dinero público. Una ley de emergencia aprobada el miércoles tras el colapso autorizó pagar anticipos de hasta 19 mil dólares en el plazo de una semana y el resto de los fondos en la semana siguiente.
La caída de Ueno Bank dejó sin empleo a unas 7 mil personas de compañías vinculadas al banco privado en Paraguay, que acoge su sede matriz, así como en Argentina, México, Nicaragua y Panamá, según reveló este martes la ministra paraguaya de Trabajo, Mónica Recalde. La funcionaria dijo que recibieron llamadas desde Nicaragua, Argentina, Panamá y México de trabajadores de Itti, una empresa que ofrecía servicios tecnológicos a Ueno y que está vinculada al Grupo Vázquez, el conglomerado que es dueño del banco intervenido.