El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió al Senado el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial. La iniciativa propone oralidad, digitalización y mayor dirección del proceso por parte de los jueces.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, decidió ingresar por el Senado el proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial. La iniciativa propone una transformación integral del funcionamiento de la Justicia Civil y Comercial con el objetivo de reducir los tiempos de los procesos, simplificar trámites y garantizar respuestas judiciales más rápidas y efectivas.
La elección de la Cámara de origen no es menor: el oficialismo tiene mayoría alineada en el Senado, a diferencia de Diputados, donde surgieron rispideces internas en Unidos por el texto de la reforma en seguridad.
Debate por el Código
El proyecto ya tuvo varios intentos, con el Partido Socialista (PS) como precursor de la reforma. En noviembre de 2017, el entonces gobernador socialista Miguel Lifschitz y su ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, pusieron en marcha una comisión para redactar un nuevo código. El proyecto elaborado por esa comisión obtuvo media sanción en Diputados en 2018, pero no logró la aprobación final.
En 2020, durante el gobierno de Omar Perotti, el socialismo volvió a presentar la iniciativa a través de Lifschitz, diputado en ese momento, mientras la administración peronista trabajaba en su propio anteproyecto, lo que generó cruces. En 2024, el bloque del PS volvió a ingresar el proyecto con la firma de sus catorce diputados. Pablo Farías recordó que retomaba el trabajo iniciado en 2017.
«Son cambios profundos como todos los que venimos encarando. Va a llevar tiempo su tratamiento porque el tema lo amerita», comentaron en el gobierno provincial.
Puntos generales del proyecto
Uno de los principales cambios es el paso de un modelo predominantemente escrito a otro basado en la oralidad, las audiencias y la concentración de las actuaciones. Se busca que los jueces tengan mayor contacto directo con las partes, organicen la producción de pruebas y puedan promover acuerdos para resolver tempranamente los conflictos.
El proyecto fortalece las facultades de los jueces como directores del proceso. Podrán adoptar medidas para evitar demoras, ordenar el procedimiento, prevenir nulidades, concentrar la actividad probatoria y promover soluciones consensuadas, sin afectar el derecho de defensa ni la igualdad entre las partes.
También hay cambios en la prueba pericial, con prioridad para los cuerpos especializados del Poder Judicial, y reglas que desvinculan los honorarios de los peritos externos del monto del juicio.
Otro eje central es la digitalización de los procedimientos. El nuevo código incorpora la gestión electrónica de expedientes y las notificaciones digitales, además de contemplar nuevas formas de prueba vinculadas al entorno tecnológico. La Corte Suprema provincial tendrá a su cargo la implementación de las herramientas y los sistemas informáticos.
En cuanto a la estructura de los juicios, se propone un proceso general de conocimiento que unifique reglas y reduzca la cantidad de procedimientos especiales. Se mantienen adecuaciones para materias específicas, como familia, sucesiones, causas de menor cuantía y desalojos. También se incorporan regulaciones particulares para los procesos monitorios y ejecutivos destinadas a facilitar el reclamo y cobro de determinadas obligaciones.
La reforma también contempla una regulación más ordenada de la producción y valoración de pruebas, la ejecución de sentencias y la realización de bienes. Entre sus disposiciones se destaca la posibilidad de solicitar medidas cautelares sobre bienes, registros, activos, plataformas y entornos digitales con el propósito de garantizar la efectividad de las decisiones judiciales.
Finalmente, el proyecto establece que el nuevo código comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará, en principio, a los procesos que se inicien desde ese momento. Las causas en trámite continuarán bajo la normativa anterior, salvo acuerdo de las partes o decisión fundada del magistrado. La iniciativa deroga la ley 5.531, vigente desde hace más de seis décadas, y plantea un cambio que, según sus fundamentos, requerirá también una transformación cultural de los operadores judiciales.