El Poder Ejecutivo provincial remitió a la Legislatura el mensaje con el proyecto de ley para reemplazar el Código Procesal Civil y Comercial vigente, sancionado en 1961. La iniciativa, firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Fabián Bastia, propone un nuevo marco normativo de 237 artículos que incorpora oralidad y herramientas digitales. El Senado será la Cámara iniciadora del debate.
El Poder Ejecutivo de Santa Fe envió al Senado el proyecto de ley para dictar un nuevo Código Procesal Civil y Comercial. La iniciativa fue remitida con el objeto de «modernizar el régimen vigente, adecuarlo a las necesidades actuales y consolidar un modelo de justicia más accesible, ágil, transparente y eficaz», según el mensaje. El Senado será la Cámara iniciadora del debate.
El mensaje lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. La elaboración del proyecto fue coordinada por el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, e incluyó un extenso debate en cátedras y comisiones, según se indica en la fundamentación.
El Código Procesal Civil y Comercial actual fue sancionado en 1961 y ha sido objeto de sucesivas modificaciones. En el ínterin se dictó un nuevo Código Civil y Comercial de fondo, que reemplazó al redactado por Dalmacio Vélez Sársfield y entró en vigencia el 1 de agosto de 2015. El código de Vélez Sársfield había sido aprobado en 1869 y rigió desde el 1 de enero de 1871 durante 144 años.
No es el primer intento de reforma del código procesal santafesino. En 2019 hubo un mensaje del Poder Ejecutivo y se realizaron audiencias públicas, pero el proyecto no llegó a sancionarse. Antes y después se presentaron varios proyectos para conformar comisiones de trabajo.
El Poder Ejecutivo sostiene que el proceso «constituye una herramienta al servicio de la tutela judicial efectiva» y que debe contribuir a que los conflictos se resuelvan en un tiempo razonable. En ese marco, afirma que la actualización integral del Código «constituye una decisión de especial relevancia institucional y social».
El mensaje señala que el código vigente «requiere una revisión integral que permita armonizar sus disposiciones y ofrecer reglas procesales claras, coherentes y acordes con las transformaciones producidas en la sociedad, en la actividad judicial y en las herramientas tecnológicas disponibles».
El proyecto no se limita a modificaciones aisladas, sino que propone un nuevo marco normativo para los procesos civiles y comerciales en la Provincia. Su finalidad, según el texto, es «fortalecer la tutela judicial efectiva, optimizar la gestión de las causas, favorecer la conciliación y la resolución temprana de los conflictos y reducir demoras y cargas procesales que no contribuyan a una adecuada solución de las controversias».
El Poder Ejecutivo destaca que la reforma se orienta a que el proceso judicial sea un instrumento efectivo para la protección de los derechos de las personas. «Un sistema procesal moderno debe permitir que quien acude a la justicia conozca con claridad las reglas aplicables, pueda ejercer plenamente su derecho de defensa, participe de un proceso conducido de manera ordenada y obtenga una respuesta fundada sin dilaciones innecesarias», afirma.
En el mensaje se enumeran siete ejes centrales del proyecto:
- Nueva concepción del proceso: promueve un cambio de perspectiva desde una lógica formalista hacia un código orientado a la gestión del conflicto y a una respuesta judicial útil, oportuna y fundada, con concentración, oralidad, simplificación, adaptabilidad y flexibilidad. Adopta un diseño reducido, general y programático, y evita incorporar normas propias de la organización del servicio de justicia.
- Oralidad: procura consolidar normativamente el modelo de oralidad para que no dependa exclusivamente de prácticas de gestión.
- Modernización de los actos procesales y transformación digital: incorpora la gestión digital a la regulación procesal.
- Mayor eficacia en la producción y valoración de la prueba: sistematiza las reglas generales y regula los medios probatorios, incluyendo la declaración de parte, la prueba documental, la inspección judicial, los informes, la prueba pericial y la testimonial, con reconocimiento del entorno digital.
- Simplificación de la estructura procesal y adecuación de las vías de tutela.
- Ejecución de las decisiones judiciales y efectividad de los derechos reconocidos.
- Mejora de la experiencia de los ciudadanos ante la justicia: propone pasar de un modelo centrado en la sucesión de actos procesales a otro orientado a la gestión del conflicto y a una respuesta judicial efectiva.
El proyecto de ley tiene cinco artículos y remite en el primero al anexo de 237 artículos.