La Justicia rosarina condenó este viernes a prisión perpetua a los tres acusados por el homicidio del inspector de policía César “Coy” Carmona, asesinado a balazos a los 50 años frente a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) el 14 de septiembre de 2023.
La Justicia rosarina condenó este viernes a prisión perpetua a los tres acusados por el homicidio del inspector de policía César “Coy” Carmona, asesinado a balazos a los 50 años frente a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) el 14 de septiembre de 2023. El fallo, dictado por el tribunal integrado por los jueces Pablo Pinto, Hebe Marcogliese y Carlos Leiva, coincidió de manera íntegra con el pedido realizado durante el debate por el fiscal Alejandro Ferlazzo.
Los sentenciados son Agustín Alfredo Almirón, de 26 años y conocido como “Mojarra” o “Calamar”; Fernando Ariel Cabrera, de 24; y Alan Nahuel Aragón, de 25. Según quedó probado en el juicio, los tres jóvenes mantenían vínculos con la narcocriminalidad y cumplían funciones como tiratiros para la organización del recluso Hernán “Lichi” Romero, un referente narco de barrio Nuevo Alberdi, además de dedicarse a cometer robos bajo la modalidad de salideras bancarias.
En su resolución, los magistrados declararon a Almirón y Cabrera coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por criminis causa —matar para consumar otro delito o procurar la impunidad—, robo calificado y encubrimiento agravado por ánimo de lucro. A Almirón se le sumaron condenas por portación ilegítima de arma de fuego de guerra y por un episodio de abuso de armas ocurrido el 13 de agosto de 2023 en Alberini al 3400, en barrio Cristalería, donde efectuó 22 disparos contra una vivienda e hirió a un joven en una pierna. Cabrera, en tanto, fue absuelto por la portación de arma, mientras que Aragón recibió la pena máxima en calidad de partícipe necesario del homicidio y coautor de los demás delitos.
Durante el proceso se reconstruyó que Carmona, quien se desempeñaba en la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizaba servicios adicionales en una financiera de calle Italia al 700. Aquel 14 de septiembre salió del local con una mochila, subió a su automóvil particular y condujo hasta la dependencia policial ubicada en Lamadrid y Salva, donde debía iniciar su turno laboral a las 15.
Dos vehículos provenientes del mercado negro de otras provincias lo siguieron durante todo el recorrido: un Citroën C3 bordó traído desde Tucumán y un Volkswagen Gol Trend gris llegado desde Buenos Aires, uno de ellos con los guarismos adulterados. Al momento en que el inspector estacionó frente a la sede de la PDI, el C3 le bloqueó el paso. De ese rodado descendió Almirón con una pistola calibre 9 milímetros, abrió la puerta del conductor y le disparó diez veces; ocho proyectiles impactaron en el cuerpo de la víctima. En simultáneo, Cabrera rompió la ventanilla del acompañante y sustrajo la mochila, bajo la falsa creencia de que contenía dinero.
La prueba científica resultó determinante para sostener la acusación, ya que los peritos levantaron huellas dactilares de Almirón en la puerta del vehículo y rastros de sangre de Cabrera en el habitáculo, producto de las heridas cortantes que sufrió al estallar el vidrio. Tras el ataque, ambos escaparon en el C3, lo abandonaron a pocas cuadras y continuaron la huida en el Gol Trend en el que aguardaba Aragón. Para la Fiscalía, la ejecución respondió a la intención de neutralizar de inmediato al policía, dado que portaba su arma reglamentaria y se encontraba a metros de recibir auxilio de sus compañeros.
La investigación permitió contextualizar además la operatoria habitual de la banda mediante un hecho previo: un mes antes del asesinato, el mismo Citroën C3 había sido utilizado por cinco personas en el intento de entradera contra un individuo vinculado a una financiera. Por último, el expediente expuso los graves antecedentes de Almirón, hijo de un policía condenado en la causa Los Monos por filtrar información a la organización criminal, quien al momento de matar a Carmona residía en Rosario mientras permanecía prófugo de la Justicia bonaerense y aguardaba juicio como presunto autor material del homicidio del dirigente sindical de la Uatre Mauricio Cordara, cometido en noviembre de 2022 en la localidad de Colón.