El Grupo Petersen fusiona tres bancos y Santa Fe busca certezas sobre el futuro de su agente financiero

El Nuevo Banco de Santa Fe absorberá a sus pares de Entre Ríos y San Juan. El ministro de Economía, Pablo Olivares, afirmó que el contrato como agente financiero continuará sin cambios. La diputada Lucila De Ponti presentó un pedido de informes para conocer los alcances de la operación.

La fusión de los bancos del Grupo Petersen tendrá al Nuevo Banco de Santa Fe como entidad absorbente de sus pares de Entre Ríos y San Juan. La operación, que implica una reorganización del negocio financiero del holding de la familia Eskenazi, abrió interrogantes en Santa Fe sobre el futuro del vínculo entre la entidad y el Estado provincial.

El ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, explicó que la integración no implicará la creación de una nueva persona jurídica ni cambios en la identidad del banco que actualmente cumple el rol de agente financiero de la Provincia. En consecuencia, afirmó que el contrato vigente continuará bajo las mismas condiciones, siempre que se mantengan las obligaciones asumidas por la entidad.

La explicación oficial se conoció luego de que la diputada provincial Lucila De Ponti presentara un pedido de informes para conocer los alcances de la reorganización empresaria y sus posibles efectos sobre el contrato que convierte al Banco Santa Fe en agente financiero del Estado. La legisladora busca precisiones sobre la cobertura territorial, la calidad de los servicios, las obligaciones de financiamiento y las cuentas públicas y de los trabajadores estatales.

«Como cuestión principal, es una fusión por absorción de una de las tres entidades. Una entidad absorbe a las otras dos. No se crea una persona jurídica nueva. Y la entidad absorbente es el Nuevo Banco de Santa Fe», explicó Olivares.

En ese sentido, el ministro sostuvo que, para Santa Fe, la entidad que cumple el rol de agente financiero seguirá siendo la misma. «En tanto todas las obligaciones del contrato de vinculación se sigan cumpliendo, no hay obstáculos», señaló.

La aclaración apunta a uno de los principales interrogantes que había abierto la operación del Grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi. La integración bancaria no supondría, en el caso santafesino, el reemplazo de la entidad que tiene a su cargo la administración de los servicios financieros provinciales, sino una ampliación de su estructura mediante la absorción de otros dos bancos del mismo holding.

El pedido de informes y las garantías sobre el contrato

La respuesta de Olivares se produjo después de que De Ponti consultara sobre la fusión durante la visita del ministro a la Cámara de Diputados, en el marco del debate por el Presupuesto provincial. Según relató la legisladora, el funcionario les transmitió que la operación se realizaría con el Banco Santa Fe como base, sin cambios en su composición accionaria ni en su razón social.

Sin embargo, la diputada consideró necesario contar con información oficial y documentada. «Nosotros presentamos la comunicación porque queremos la información oficial y formal», explicó. De Ponti señaló que el Gobierno recibió una notificación sobre los cambios, aunque no quedó precisado si se trató de una comunicación formal o informal.

El proyecto de comunicación, ingresado el 19 de noviembre, solicita al Poder Ejecutivo que informe si el agente financiero notificó formalmente a la Provincia sobre los cambios societarios y, en caso afirmativo, que remita una copia de esa comunicación a la Legislatura.

También pregunta si la fusión implica modificaciones en las condiciones establecidas en el Contrato de Vinculación, especialmente en lo referido a la calidad del servicio y la cobertura territorial. Por último, busca conocer si habrá cambios administrativos para las cuentas del Estado santafesino y las de los trabajadores, jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del banco.

El planteo tiene como trasfondo un contrato firmado en 2019, luego de la Licitación Pública Nº 23/19, y prorrogado por otros cinco años en marzo de 2025. El acuerdo establece obligaciones para el banco en materia de cobertura geográfica, cantidad de cajeros automáticos, financiamiento para sectores productivos y líneas de crédito destinadas a municipios y comunas, además del canon que debe abonar a la Provincia.

Uno de los puntos jurídicos que destaca De Ponti en los fundamentos de su iniciativa es que el pliego licitatorio contempla como incumplimiento grave la venta total del paquete accionario sin autorización previa de la autoridad de aplicación, así como la transferencia o cesión de la propiedad o titularidad de los derechos y acciones derivados del contrato. Esas situaciones pueden habilitar la rescisión del acuerdo y la pérdida de la garantía de cumplimiento.

La legisladora también recordó que la Ley 11.387 creó una comisión bicameral de seguimiento del proceso de privatización del Banco de Santa Fe, entre cuyas funciones se encuentra supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario.

La explicación de Olivares introduce una diferencia respecto de los escenarios que busca despejar el pedido de informes: si el Banco Santa Fe conserva su identidad jurídica y continúa como agente financiero, la fusión no implicaría por sí misma una modificación del contrato. De todos modos, la continuidad del vínculo está condicionada al cumplimiento de las obligaciones vigentes, y la diputada busca que esa situación quede respaldada por información formal.

Una integración para ganar escala en el sistema financiero

La operación forma parte de la estrategia del Grupo Petersen para integrar tres de sus entidades financieras: el Nuevo Banco de Santa Fe, el Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa) y el Banco de San Juan. La reorganización apunta a unificar estructuras y operaciones, ganar escala y ampliar la capacidad de financiamiento del holding, con el Banco Santa Fe como sociedad absorbente.

El proceso busca dar lugar a una entidad de mayor tamaño, con presencia en distintas provincias y capacidad para competir con los principales bancos del sistema financiero argentino. La nueva estructura también apunta a mejorar la eficiencia operativa y ampliar el volumen de negocios en sectores como la agroindustria, la energía, la minería y la actividad productiva.

El Banco Santa Cruz, también controlado por el Grupo Petersen, quedará fuera de esta integración.

La fusión tendrá que instrumentarse sin alterar las obligaciones que cada entidad mantiene en sus respectivas jurisdicciones. En el caso santafesino, la cuestión adquiere una relevancia particular por el rol del banco como agente financiero del Estado y por los compromisos asumidos en el contrato prorrogado durante 2025.

Mientras el grupo empresario avanza con una de las principales reorganizaciones bancarias del sector privado, en Santa Fe el foco está en cómo se garantizará que la integración no afecte los servicios y las condiciones pactadas con la Provincia.

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