El próximo 8 de mayo será la audiencia frente a la apelación presentada por la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, organización sionista en nuestro país). Esto hace al tercer juicio con el que pretenden condenar a nuestro dirigente y diputado (mc) Alejandro Bodart, del MST en el Frente de Izquierda Unidad, quien además es director de la revista “Revolución Permanente” y coordinador de la LIS, la Liga Internacional Socialista que reúne a organizaciones de más de 40 países. Esto constituye un hecho grave y preocupante, al reflejar un intento de judicializar y penalizar opiniones críticas hacia las políticas del Estado de Israel.
Por eso, el diputado Guillermo Pacagnini (MST FIT Unidad) presentó un proyecto (D-1026/25-26) ante la legislatura bonaerense para declarar la “profunda preocupación ante un nuevo juicio contra el diputado de izquierda (mc) Alejandro Bodart, bajo la acusación de un supuesto ‘antisemitismo’ por publicar tres tuits con contenido crítico al Estado de Israel y en solidaridad con el pueblo palestino”. Y rechazar “ésta y toda otra forma de criminalización de la libertad de expresión, derecho humano fundamental consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales; por lo que no debe haber condena alguna, al reafirmar el principio democrático que garantiza el derecho a la libre opinión y la expresión de las ideas, así como el derecho a denunciar lo que entiende como genocidio y delitos de lesa humanidad, reconocidos y condenados hasta por la Corte internacional de la Haya”.
Bodart fue absuelto en dos juicios anteriores
Como bien se señala en los Fundamentos del proyecto D-1026/25-26, Alejandro Bodart fue absuelto de todos los cargos en los dos juicios anteriores, al desestimarse la acusación y apelación promovida por la DAIA. El primero fue en mayo de 2023, cuando el juez Pablo Cruz Casas lo sobreseyó en base al derecho a la libertad de expresión. Y el segundo, en agosto de 2024, con el nuevo fallo de la jueza Natalia Molina aún más contundente, al absolverlo por segunda vez de la falaz acusación por supuesta discriminación antisemita, al dictaminar que solo se trató de una opinión. Con esta nueva apelación se insiste en querer convertir en delito lo que es una condena pública y voz crítica a las acciones del gobierno israelí, en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.
Las opiniones de Bodart -expresadas en 2022 en su cuenta de Twitter (hoy X)-, señalaron el carácter genocida y colonial del primer ministro Netanyahu y el Estado de Israel, en el marco de su apoyo político a la causa del pueblo palestino. Lejos de ser discriminatorias, se enmarcan en el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión, opinión y denuncia de crímenes de lesa humanidad. Justamente, cuando La Haya, la Corte Penal Internacional, la Comisión de DDHH de la ONU, el Papa Francisco y muchos más denuncian al Estado de Israel por genocidio y Netanyahu tiene pedido de captura como criminal de guerra, con más de 50.000 asesinatos cometidos en Palestina y el Líbano, en su mayoría mujeres, niñas y niños.
Antisionismo no es antisemitismo
La infundada acusación hacia Bodart se basa en una tergiversación intencionada del concepto de antisemitismo, al querer equipararlo con el antisionismo, una crítica política legítima a la ideología que justifica el apartheid, racismo y la limpieza étnica contra el pueblo palestino. Esa confusión deliberada no sólo criminaliza la crítica política, sino que constituye un serio riesgo y precedente para la vigencia de los derechos democráticos en nuestra provincia y el país.
La definición de antisemitismo que impulsa la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) es la única argumentación invocada, pero no es jurídicamente vinculante y aplicarla, contradice principios fundamentales del derecho. Siendo rechazada por amplios sectores del ámbito académico, político y de derechos humanos, al apelarse a ella para reprimir voces disidentes y silenciar el apoyo a la causa palestina.
La ofensiva judicial contra Bodart no es un caso aislado. Se inscribe en una campaña de censura y criminalización a nivel internacional contra quienes denuncian los crímenes de guerra y el genocidio perpetrado por el Estado de Israel. Su condena por tres publicaciones en la red social X, resulta funcional a la impunidad de esos crímenes. Denunciar un genocidio no es delito; por el contrario, es una obligación ética y política. Acompañar la causa del pueblo palestino es una muestra de solidaridad con un pueblo oprimido y despojado.
Denunciar un genocidio, no es delito
El intento de acallar voces con mecanismos judiciales, atenta contra los principios democráticos que deben regir una sociedad plural y libre. Por eso, la Cámara de Diputados de la Provincia y todo sector que se defina o considere democrático, debe valorar como realmente necesario que se logre alcanzar la absolución definitiva de Alejandro Bodart, como un precedente en defensa del derecho a la libertad de expresión, a la crítica política y al compromiso con los derechos humanos.
En conclusión, como expresa el proyecto presentado por Pacagnini, la historia ha demostrado que callar ante el genocidio facilita su continuidad. Las libertades y conquistas democráticas en nuestro país no pueden retroceder, al punto de censurar a quienes denuncian lo que el mundo entero ve: la masacre contra el pueblo palestino. Por lo que se plantea a los distintos bloques que acompañen este proyecto, en defensa de la libertad de opinión y expresión, de los derechos humanos y la plena vigencia de las libertades públicas.