La cuasi paralización del sistema científico-tecnológico del país, representada no solo en el CONICET, en la Agencia de Investigación Científica y en las universidades nacionales, sino también en organismos anexos, sigue estrechándose a límites no vistos en décadas. “En el mes de mayo, el Gobierno nacional continuó el ajuste en los organismos de ciencia y tecnología –informan desde el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti)–. En línea con el objetivo de reducción de las capacidades estatales en el sector, el INTA (Instituto de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto de Tecnología Industrial) y el CONICET profundizaron su deterioro y se encuentran camino a alcanzar sus peores escenarios presupuestarios”.
En el último informe del Ciicti se analiza la ejecución del presupuesto estatal en ciencia y tecnología en los 18 meses transcurridos desde que asumió Javier Milei. A junio de 2025, “la ejecución del presupuesto del INTI cayó 26,5 %, el del INTA un 19 % y el del CONICET un 18,7 %. Así, los tres organismos acumulan disminuciones que superan el 33 % desde diciembre de 2023”.
El INTA. La comunidad científica y educativa superior de la Argentina continúa entonces en estado de alerta permanente. Y es que casi no hay una semana sin malas noticias para el sector. Mauro Sarasola, director del INTA Bariloche, por ejemplo, declaró esta semana que en el último año y medio el personal fue reducido, en promedio, en un 10 %: “Esto está relacionado al congelamiento de vacantes, hubo personas que incluso habían concursado para entrar y que no pudieron entrar. Y no se recuperaron las vacantes por jubilaciones o renuncias. A esto se le suma un plan de retiros voluntarios. En Patagonia norte la reducción ha sido mayor, de alrededor de un 14 %; en Bariloche específicamente, un 17 % menos. Y todo esto sin contar los despidos”.
Además, Sarasola advirtió a una radio local que “hay un decreto que, si sale, va a terminar con el INTA que conocemos. El INTA es una institución que tiene una gobernanza especial. En el INTA su Consejo Directivo Nacional está constituido por gente para la que trabajamos: tres sillas son del gobierno de turno y las otras siete son del sector, dos de las universidades y las otras cinco, del campo. Esa gobernanza está en riesgo porque el Gobierno actual hizo despedir a 235 personas en diciembre pasado y el Consejo Directivo lo desaprobó. En febrero intentó cerrar todas las agencias de extensión y el consejo lo desaprobó también. No es lo mismo echar a 1.500 personas de 6.000 que pensar qué cosas mejorar”.
Una característica del INTA en la Argentina es que incluye tanto a la investigación como al trabajo con los productores regionales, todo dentro del mismo organismo. Con lo cual, su vaciamiento perjudica directamente a uno de los principales sectores productivos del país.
El INA. Por otro lado, está la situación del Instituto Nacional del Agua (INA), que está en estado de alerta por la amenaza de que podría ser reemplazado por una empresa privada: de las 280 personas originales en el organismo, podrían llegar a quedar solo 50, de acuerdo con denuncias de sus trabajadores. El INA tiene un rol clave en la gestión de recursos hídricos, lo que incluye la prevención de inundaciones y sequías, el monitoreo de ríos y la provisión de información clave para gobiernos locales y nacionales. También participa en mediaciones en conflictos diplomáticos relacionados con los recursos hídricos.
Desde San Juan, Romina Batistella, investigadora del INA en el Centro Regional de Aguas Subterráneas (CRAS), advertía ya en febrero a Radio La Lechuza de Pocitos que el instituto se encuentra protegido por la Ley Bases hasta junio, pero que su futuro después de esa fecha es incierto. “Son siete centros a nivel nacional. Hay uno en Mendoza, que es el Centro Regional Andino; otro en Córdoba, que es el Centro de Zonas Áridas; otro en Santa Fe, que es el Centro Regional del Litoral; y algunos en Ezeiza. Pero somos todo INA, cada uno abocado a las problemáticas hídricas de la región”, explicó Batistella.
En el Litoral, por ejemplo, el instituto se encarga de la gestión de redes hidrometeorológicas y la emisión de alertas tempranas de inundaciones. En Córdoba, monitorea los niveles de los ríos y emite avisos de evacuación en casos de crecidas. En San Juan, el INA es responsable del control de aguas subterráneas y la detección de contaminación en los acuíferos.
El INTI. Ya a fines del mes de mayo del 2024, el Gobierno anunció la decisión de despedir nada menos que a un 30 % de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Algunas fuentes dejaron trascender en aquel momento que el presidente del organismo habría propuesto reducir el 30 % del sueldo de los empleados para frenar esos despidos, pero los trascendidos indican que las cesantías no son negociables. Finalmente hubo despidos. Según los gremios de los trabajadores, el organismo habría perdido a un 30 % de su personal, entre cesanteados y quienes se acogieron a retiros voluntarios.
Se calcula que un 60 % de la nómina de los integrantes del INTI son profesionales formados en universidades públicas, con estudios de posgrados y maestrías estimulados por el propio INTI. Pero con salarios que no llegan a los 700 mil pesos, en muchos casos es imposible seguir en el organismo.
De acuerdo con las cifras del Ciicti (hay algunas divergencias con otras del sector, aunque no tan grandes como para afectar la película total) “el CONICET y el INTA durante 2024 cayeron 17,8 % y 20,6 % respectivamente, y continúan haciéndolo en torno al 18,7 % y 19,0 % durante 2025, para totalizar disminuciones de ejecución que rondan el 33-36 % real”. Según el estudio, el INTI declinó un 10,8 % durante 2024, contra una media sectorial del 30,3 %, pero es uno de los que más cae en 2025 (26,5 % hasta mayo), totalizando un deterioro del 34,4 % en el bienio. Y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo actuante en la órbita del Ministerio de Defensa, “tuvo una caída cercana al promedio durante 2024 (-30,5 %), y tras recortar marginalmente la caída del primer bimestre entre marzo y mayo, afronta un deterioro del 12,0 % durante el 2025 hasta alcanzar una disminución de 38,8 puntos desde el 2023”.
Alejamiento. Todo esto tiene un correlato en la realidad: una encuesta publicada por el colectivo Ciencia Propia muestra que casi 7 de cada 10 becarios doctorales y posdoctorales evalúan irse de la Argentina en un futuro cercano. Son recursos humanos muy altamente calificados en los que el país invirtió en su momento. De las 605 personas que participaron de la encuesta, un 8 % de los becarios ya tiene decidido dónde seguir su carrera en el exterior. Un 27 % está buscando destino y un 34 % considera la posibilidad. Otro 9 % desea irse pero no tiene posibilidad de hacerlo. Solo un 22 % informó que no está en su mente dejar la Argentina.
En algunos casos las consecuencias de este potencial éxodo ya es visible. “En lo que a la ida de investigadores se refiere, no es algo que sea evidente –explica Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y actual representante de las universidades en el directorio del CONICET–. La gente puede pedir dos años de licencia con goce de sueldo y luego dos más sin goce. Recién cuando se le vencen los cuatro años tiene que decidir si vuelve o renuncia. No es algo que se vea de un día para el otro”.
De acuerdo con Aliaga, también secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional en la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), “la Función Ciencia y Técnica del Presupuesto prácticamente no se modificó todavía desde el inicio del año. Al ser presupuesto prorrogado van a tener que dar un incremento para poder pagar al menos los salarios de los últimos dos meses, aproximadamente. Todavía no lo hicieron. CONICET sigue gastando según lo previsto. La Agencia está con un presupuesto mínimo, lo único que hace es pagar las becas que quedan de los PICT viejos. Nunca otorgaron los correspondientes al año 2022 y no cierran la convocatoria a PICT 2023. Y la SECyT lo único que pagó hasta ahora son algunos Proyectos Federales de Alto Impacto, dejó afuera los de Sociales”.
La pérdida salarial es de aproximadamente un treinta por ciento, cuyo grueso se dio entre diciembre del 2023 y enero del 2024, al que se suma un goteo que no para, mes a mes.
“El presupuesto de la Agencia, para ser similar al del 2023, debería ser más o menos de 100.000 millones. Tiene 17.000. Unos 5.300 están para pagar salarios del personal. Quedan 12.000. Ya se devengaron 3.000 para pagar las becas de la Agencia, con lo que seguramente se irán más de 8.000 en el año. Hasta ahora solo pagaron 1.200 millones de subsidios”, aclara Aliaga.
Así están las cosas: en picada, sin miras a una recomposición que impida perder recursos, tanto en investigación como en personal técnico y de investigación que llevó décadas formar. El peor de los golpes al desarrollo del país.