“Hay una intención política de tratar de pegar el escándalo de las muertes producto de la contaminación del fentanilo a un espacio político del que soy parte o, para ser más precisa, al peronismo”, afirmó la diputada Victoria Tolosa Paz . En Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), la funcionaria dijo, sobre el control e inspección de la producción de medicamentos, que “como representantes del Estado, todos los legisladores deberíamos estar trabajando seriamente para ver cuáles fueron las fallas”.
Victoria Tolosa Paz es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires dentro del bloque de Unión por la Patria. Previamente, ocupó el cargo de ministra de Desarrollo Social entre 2022 y 2023 y Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en diciembre de 2019. Su carrera política comenzó en La Plata, donde fue concejal por Unidad Ciudadana en el año 2017.
Le escuché decir que la falta de controles sobre el fentanilo comenzó con el macrismo y se profundizó en la actual gestión. ¿Y qué sucedió en el medio, en los cuatro años de Alberto Fernández?
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Quizás, si pueden mirar completa la entrevista, no fue exactamente así la deducción de lo que sucedió ayer en la reunión de Salud. Hay una intención política de tratar de pegar el escándalo de las muertes producto de la contaminación del fentanilo a un espacio político del que soy parte o, para ser más precisa, al peronismo. Y desarmando eso, creo que es lo más tremendo, porque como representantes del Estado, todos los legisladores deberíamos estar trabajando seriamente para ver cuáles fueron las fallas desde el rol del Estado en el control, la inspección y la evaluación de la producción de medicamentos. Bueno, empezó esta suerte de tratar de llevar tajada y de señalar a una fuerza política prácticamente en convivencia con los dueños de estos dos laboratorios que están siendo investigados y que, por supuesto, necesitamos encontrar justicia para las más de 100 víctimas que están siendo claramente las que están llevando adelante la acusación contra HLB Farma y Laboratorio Ramallo.
Ahora, yo hacía un racconto de desde cuándo comenzó el Estado a regular fuertemente la producción de medicamentos peligrosos, y esto tiene que ver con la presidencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2011, con Juan Manzur como ministro de Salud. Fue la primera norma que estableció que había que tener un control exhaustivo no solamente de la importación, sino también de la producción de medicamentos. A partir de allí, la autoridad sanitaria y el ANMAT construyeron lo que hoy existe en la Argentina, que es una enorme cantidad de medicamentos, ya sea vía importación o producción, que tienen la obligación de tener trazabilidad de todos y cada uno de los eslabones, desde que se producen hasta la disposición final en el cuerpo de un enfermo en cualquier hospital, sea público o privado.
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Y lo que dije en la reunión de ayer es que elevamos las barreras a tal nivel que también lo hicimos con la Aduana en el año 23, bajo la gestión del expresidente Fernández y bajo la conducción de Guillermo Michel como director general de Aduanas, estableciendo una resolución muy dura para quienes importan citrato de fentanilo en la Argentina. Y esa resolución durísima de ingreso y de control hace que solamente se pueda importar vía Ezeiza, que entra en lo que se llama el canal rojo de seguridad de estos medicamentos. ¿Por qué ese cuidado del Estado? Bueno, porque, como reflejábamos ayer, este fentanilo tiene un canal formal muy riguroso, con mucho cuidado, que es la ampolla de fentanilo como un insumo para poder dar tratamiento y alivio a enfermedades, pero tiene un canal informal que el mundo mira, que es la venta de fentanilo, que tiene obviamente un negocio ilegal atrás del narcotráfico y de las drogas que, por ejemplo, en Estados Unidos provocan 50.000 muertes. La novedad de lo que conté yo ayer es que el fentanilo sale del listado de medicamentos para tener esa trazabilidad de la que estamos hablando en el 2016. Y esto era un dato que quizás la diputada Giudici no tenía en cuenta y que me parecía que era importante para poder fortalecer cuáles son los instrumentos que aún nos faltan como país para establecer el mayor control posible.
Claudio Mardones: Ayer parece que el Gobierno impulsó abrir una negociación, redistribuir parte de lo que se piensa en torno al impuesto a los combustibles líquidos. También aparecen señales de abrir alguna definición respecto a la distribución de los ATN. ¿Cuánto cree que va a llegar al recinto de la Cámara de Diputados esta ofensiva de los gobernadores? ¿Creen que van a llegar con los apoyos suficientes al recinto?
Estamos tratando de que el día 20 tengamos la sesión que nos permita dar cumplimiento a los dos proyectos que sacamos ayer con una tarea muy importante de la Comisión de Presupuesto que fue emplazada porque José Luis Espert debería trabajar como presidente de la Comisión de Presupuesto semanalmente, tratando de despachar dictámenes de mayoría o de minoría, pero darle un movimiento que la Cámara de Diputados siempre tuvo en esa comisión y que lamentablemente ahora encontramos un cuello de botella, que vamos al recinto, votamos el emplazamiento para lograr lo de ayer y, a partir de ese mecanismo para dar respuesta a los problemas que tiene la Argentina, avanzamos en un proyecto que es distribuir de manera diferente lo que se llama el saldo de los ATN: este 1% que se reservaba para que los gobiernos puedan distribuirlos de manera discrecional, pero también atendiendo a posibles emergencias.
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Y quizás lo más sabroso en términos de lo que significa recuperar parte del presupuesto que le es negado a cada uno de los gobernadores, es la distribución de este fondo fiduciario que se fondea a partir del impuesto a los combustibles. En este momento, hablando y vengo de transitar la Ruta 3 completa en la provincia de Buenos Aires, llegando a la localidad de Azul, y uno ve cómo la obra de la doble calzada de la 3 está detenida. Y esto es claramente competencia del Gobierno nacional en nuestra provincia de Buenos Aires. Ayer dábamos cuenta: hay 4.985 km de lo que se llama las rutas primarias de la provincia de Buenos Aires que no podemos intervenir porque son rutas nacionales, de competencia nacional.
O nos acostumbramos a transitar la provincia de Buenos Aires y normalizar los miles de accidentes que tendríamos que evitar a partir de la inversión pública, o hacemos algo, que es lo que hizo el gobernador Kicillof con el resto de los gobernadores, y le dice al presidente: «Mientras usted cobre el impuesto al combustible, o nos da la plata o aplica esta inversión en las obras que usted ha paralizado: la 3, la 5, la 33, la 22», rutas muy importantes que conectan a la provincia con el resto de las provincias argentinas, pero también con nuestros países limítrofes. Esta es la gravedad que muchas veces cuesta ver. ¿Qué va a pasar? Bueno, bien lo reflejaban ustedes: aparentemente hubo ahora un intento de negociar con algunos gobernadores, que van a tratar de llevarlos con una zanahoria hasta donde puedan, porque estamos convencidos, quienes miramos cómo Javier Milei aplica ya no un presupuesto nacional, sino un presupuesto que no existe, el presupuesto imaginario en su cabeza, que es seguir ajustando porque el plan económico no está cerrando y no cierra a partir de haber destrozado las capacidades productivas de nuestro país.
RM/ff