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Los servicios de inteligencia son organismos estatales dedicados a recolectar, procesar y analizar información considerada “sensible” para el Estado. Su objetivo declarado suele ser la defensa de la “seguridad nacional”, la prevención de delitos complejos y la protección de los intereses estratégicos del país.
Sin embargo, en la práctica, en Argentina y en el mundo, estos organismos han operado históricamente como herramientas de control social, persecución política y defensa de los intereses de la clase dominante, por encima de cualquier legalidad democrática.
El sistema de inteligencia argentino es un entramado complejo, donde se superponen organismos civiles y militares, nacionales y provinciales, cada uno con sus propias redes y agendas. La SIDE es el principal organismo civil, pero existen direcciones de inteligencia en todas las fuerzas armadas y de seguridad (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y provinciales, Servicio Penitenciario, etc.
Primeros antecedentes: espionaje y represión
El espionaje en Argentina tiene más de un siglo de historia. Ya en 1918-1919, tras la Revolución Rusa y en el contexto de la posguerra, embajadas de Francia, Estados Unidos, Inglaterra e Italia montaron redes de espionaje en Buenos Aires y Montevideo para vigilar a militantes anarquistas y revolucionarios, temiendo la extensión de la revolución al continente. La policía local también desarrolló divisiones de inteligencia y orden social para perseguir a “personas peligrosas” y movimientos “subversivos”, especialmente tras la Semana Trágica de 1919 y el auge del movimiento obrero.
En 1920, la Conferencia Internacional Sudamericana de Policía afianzó el intercambio de información entre policías del continente, consolidando el espionaje estatal sobre organizaciones obreras y de izquierda.
Sin embargo, el salto cualitativo se da en 1946, cuando Juan Domingo Perón crea por decreto la Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación (CIPN), que luego se transforma en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El objetivo era centralizar la información “sensible” y controlar a la oposición política, especialmente a la izquierda sindical y política. Desde el inicio, la SIDE fue un organismo civil, con agentes entrenados bajo la influencia de la CIA y el Mossad, y con una fuerte impronta anticomunista, en sintonía con el clima de la Guerra Fría.
Durante la llamada Revolución Libertadora (1955), la SIDE se reestructura siguiendo el modelo de la CIA y el MI-5 británico, y se dedica a perseguir a la resistencia peronista y a la izquierda. Bajo la dictadura de Onganía (1966), se inauguran las escuchas y pinchaduras de teléfonos desde las oficinas de ENTEL, y se incorporan cientos de militares a la SIDE.
En los años 60 y 70, el espionaje estatal se vuelve sistemático y brutal. Se crea el Plan Sistemático de Inteligencia (PSI), donde la SIDE, el Batallón 601 del Ejército, la DIPBA (Policía Bonaerense), la D2 cordobesa y otros organismos cruzan información y elaboran listas negras de militantes obreros, estudiantiles y de izquierda. Los agentes son entrenados en tareas “antisubversivas” y se infiltran en organizaciones populares. El Batallón 601, por ejemplo, llegó a tener más de 4.300 agentes, la mayoría civiles, muchos de los cuales luego se reciclaron como burócratas sindicales.
Gobiernos constitucionales y continuidad: de Alfonsín a la actualidad
Con el regreso de los gobiernos constitucionales en 1983, lejos de desmantelar el aparato de inteligencia, los gobiernos civiles lo reciclan y lo utilizan para sus propios fines. Raúl Alfonsín deja la SIDE en manos de militantes radicales, que trabajan codo a codo con ex agentes de la dictadura para infiltrar movilizaciones obreras y realizar provocaciones. Durante el menemismo, la SIDE se convierte en pieza clave para el encubrimiento del atentado a la AMIA y para el armado de causas judiciales contra opositores.
En la crisis de 2001, el gobierno de la Alianza utiliza la SIDE para pagar coimas a legisladores (Ley Banelco) y para infiltrar asambleas populares. Bajo Duhalde, la SIDE participa en el encubrimiento de la Masacre de Puente Pueyrredón, intentando instalar la versión de un “enfrentamiento entre piqueteros” para justificar el asesinato de Kosteki y Santillán.
Durante los gobiernos kirchneristas, se incrementa el presupuesto de la SIDE y se profesionaliza el espionaje, con agentes formados en agencias norteamericanas. El “Proyecto X” de Gendarmería, la infiltración de Américo Balbuena en la Agencia Walsh y la continuidad de Jaime Stiuso como operador clave muestran la persistencia del espionaje político y social.
Con el macrismo, la AFI se ve envuelta en escándalos de espionaje ilegal a opositores, sindicalistas y hasta funcionarios propios, así como operaciones políticas en casos como el de Santiago Maldonado.
Las sospechas que existen hoy respecto de la intervención de los servicios de inteligencia en la crisis del gobierno de La Libertad Avanza, no son entonces más que parte de una larga historia.
Además de la represión directa, los servicios han operado como “Estado dentro del Estado”, interviniendo en internas políticas, armando y frenando causas judiciales, y garantizando la impunidad de los poderosos. Desde el menemismo, una de sus funciones principales es el control y lobby sobre la justicia federal, especialmente en Comodoro Py, donde se decide la suerte de funcionarios, empresarios y políticos. La AFI y sus antecesores han sido la herramienta para nombrar jueces, operar sobre fiscales y garantizar la impunidad de los gobiernos de turno.
Por otro lado, los servicios han estado involucrados en los principales escándalos y crímenes de la historia reciente: encubrimiento del atentado a la AMIA, la Masacre de Puente Pueyrredón, la muerte de Nisman, el espionaje a familiares de víctimas y a organizaciones de derechos humanos, entre otros. Lejos de ser excepciones, estos hechos muestran el carácter estructural del espionaje estatal en Argentina.
Pese a los cambios de nombre y las promesas de “democratización”, el aparato de inteligencia sigue intacto. Ningún gobierno, desde 1983, ha abierto los archivos secretos ni ha desmantelado el entramado de espionaje y represión. Los fondos reservados, la falta de control democrático y la impunidad de los agentes son la norma. Los servicios de inteligencia siguen siendo una amenaza para las libertades democráticas y una herramienta de persecución contra los que luchan.
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