El delegado de Amsafe, imputado por los hechos ocurridos en 2024, mientras se votaba la Reforma Previsional en la Legislatura, apuntó contra Maximiliano Pullaro y pidió el fin de la causa judicial
Un año después del tratamiento en la Legislatura de la Reforma Previsional provincial, el sector docente cuestiona la continuidad de las causas judiciales contra estatales. «A un año de la detención de trabajadores docentes, estatales, y municipales que protestaban contra la reforma previsional del gobernador Maximiliano Pullaro, continúan las causas judiciales y las graves violaciones a derechos fundamentales de los trabajadores», alertó Franco Casasola, delegado de Amsafe, y una de las personas imputadas. Exigen el cierre inmediato de las causas.
Además señaló que la situación judicial que enfrentan él y sus compañeros es un «intento de amedrentamiento» y que se produjo «por protestar contra la reforma previsional que el gobernador Pullaro aprobó con represión». La reforma que implicó aumentar la edad jubilatoria a las mujeres y elevar los aportes, además de incorporar un aporte solidario a pagar por parte de los pasivos.
Casasola agregó que «a la detención a y los violentos allanamientos le siguió una causa que ya tiene un año y hoy sigue, porque seguimos imputados». Agregó que el Poder Judicial pidió a la empresa Meta las contraseñas de los celulares y de las redes sociales del sindicato, violando la Constitución Nacional y Tratados Internacionales sobre el derecho a la legítima representación de las organizaciones sociales que velan por sus derechos.
«Ahora amenazan con quitar las matrículas a nuestras abogadas. Exigimos el cierre inmediato de las causas y el cese de la persecución a quienes ejercimos nuestro derecho constitucional a la protesta social en defensa de nuestros derechos laborales y previsionales», concluyó.