Uruguay acaba de legalizar la eutanasia. Ante un extendido desconocimiento, cabe señalar que mientras la eutanasia implica provocar la muerte frente a una enfermedad irreversible, la muerte digna es el resultado de adecuados cuidados paliativos que controlan el dolor y permiten un final en paz.
Impulsado por el oficialismo, el proyecto había conseguido 64 votos a favor y 29 en contra en la Cámara de Diputados y obtuvo luego 17 votos a favor y 14 en contra en el Senado tras más de diez horas de debate. Uruguay pasó a ser el tercer país latinoamericano en contar con una legislación de este tipo, además de Colombia y Ecuador. La llamada muerte asistida se permite también con variantes en Bélgica, Canadá, Países Bajos, España, Francia y Reino Unido, más recientemente, y en partes de Australia y Estados Unidos, entre otros.
Un proyecto similar había concitado apoyos en 2022, pero terminó estancado en el Congreso uruguayo. Desde 2013, ese país cuenta con una reglamentación que habilita a los pacientes terminales a rechazar tratamientos médicos que les prolonguen la vida; pero la eutanasia y el suicidio asistido estaban, hasta aquí, prohibidos. Entre nosotros, la ley de muerte digna de 2012 permite la eutanasia pasiva, es decir, negarse a iniciar tratamientos que prolonguen la vida.
Las encuestas revelaban apoyos mayoritarios de la sociedad uruguaya a la sanción de la ley, pero también se escucharon voces en contrario como la del diputado nacionalista Rodrigo Goñi, quien argumentó que esta aprobación desprotege el “derecho principal a la vida”, como si la vida de un enfermo que pide su muerte valiera menos y necesitara menos protección. Propuso por ello la creación de un comité de garantías que permita verificar que la solicitud se cursa de manera libre y voluntaria, sin presiones, condicionamientos ni abusos de ningún tipo.
Como aporte al debate, los obispos uruguayos habían difundido en abril la declaración “Afrontar con amor el final de la vida”. Expresaban que “el valor de la vida trasciende la mera existencia física”, apelando a la conciencia social que acoja, proteja, promueva y acompañe a cada persona, incluso en esa etapa final, con la ayuda de la familia, la medicina paliativa y la genuina experiencia espiritual. “No es éticamente aceptable la obstinación terapéutica”, como tampoco lo es causar la muerte de un enfermo, afirman, describiéndolo como “un homicidio llevado a cabo en contexto clínico”. La sanción de la ley abre la puerta a una cadena de violaciones a la dignidad de la persona humana volviendo “eutanasiables” algunas vidas, expresaron con preocupación los prelados. Describieron como “pendiente resbaladiza” que se incluyan enfermedades crónicas, degenerativas e incluso condiciones de salud incurables, fijando un plazo de discernimiento de pocos días.
El proyecto aprobado contempla a mayores de edad que acrediten residencia fehaciente en el país, que sean “psíquicamente aptos”, atravesando la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible” o que padezcan por ello sufrimientos “insoportables”, con “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida. Se requerirá la opinión de un primero y eventualmente un segundo médico, pasándose a una junta médica de presentarse diferencias y respetándose la objeción de conciencia profesional. No podrá haber clínicas privadas que la practiquen, solo prestadores integrales de salud.
Cierto es que la muerte no se cura. Mucho menos dentro de un hospital. Cuando esta asoma, en un proceso de deterioro progresivo e irreversible no debería medicalizársela abordándola con encarnizamiento terapéutico sino humanizando el proceso de forma profesional, afectuosa y cercana. La Academia Nacional de Medicina de nuestro país ha rechazado la legitimación y aceptación de la eutanasia como práctica médica, recomendando los cuidados paliativos que hoy alcanzan a menos del 15% de la población, a pesar de estar incluidos en el Programa Médico Obligatorio.
Sin pretender ser concluyentes respecto de una cuestión tan delicada, con controvertidas aristas legales, culturales, familiares, bioéticas y filosóficas, desde este espacio reconocemos el valor de un debate respetuoso y coherente que no soslaye nunca el valor de la vida y la dignidad humanas ni que termine favoreciendo los abusos sobre los más vulnerables o incurriendo en contradicciones como defender el derecho a morir para luego procurar prevenir el suicidio.