En la antesala de la sesión convocada para el 26 de diciembre, el Senado de la Nación se encuentra atravesado por una suerte de «vigilia» política. El Gobierno de Milei se prepara para sancionar el Presupuesto 2026, una pieza que considera central para su programa económico al servicio del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de garantizar los pagos de deuda de enero y sostener el esquema de ajuste permanente bajo la bandera del «déficit cero».
Un Presupuesto con eje en la deuda que busca institucionalizar los recortes que el Ejecutivo ya viene aplicando de hecho desde el inicio de su gestión, mediante prórrogas presupuestarias, subejecución de partidas y reasignaciones discrecionales.
Después de días de negociaciones, la estrategia oficialista será aprobar el proyecto sin cambios para evitar que vuelva a Diputados. Buscan descartar cualquier demora, que significaría llegar al 9 de enero (día que deben afrontar vencimientos de deuda) sin la ley sancionada. Para esto el Gobierno apuesta a que los senadores que responden a los mandatarios provinciales aliados acompañen el presupuesto. Una moneda de cambio para refinanciar deudas y asegurar recursos mínimos, profundizando un esquema de subordinación fiscal de las provincias a la Casa Rosada y al FMI.
Producto de esto, el oficialismo se vio obligado a retroceder parcialmente de su plan original. Sin consenso para reinstalar la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad tras la derrota en Diputados, decidió «no insistir» en el tema.
Sin embargo, la maniobra no implica un abandono del ajuste, sino un cambio de método. «Tenemos los votos. Ahora estamos revisando articulo por artículo para evitar cualquier problema. La consigna es votamos sin cambios. No vamos a insistir con el capitulo once, es un compromiso que asumimos» aseguró Patricia Bullrich. Así lo confirmó Milei durante una entrevista en La Nación+: «Yo no voy a vetar la ley de Presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero, que es la política más importante». Y aseguró: «Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro».
A pesar de esta institucionalización del ajuste, el Gobierno contará con el respaldo de sus aliados como el PRO y la UCR, pero también de senadores que responden al peronismo y que llegaron al Senado como parte de la oposición. Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), integrantes del bloque «Convicción Federal», se inclinan por votar a favor en general para facilitar la gestión de sus provincias. Una actitud en línea con la colaboración que prestan gobernadores como Jaldo y Jalil, que hicieron campaña junto a los referentes de Fuerza Patria hace dos meses y ahora juegan para Milei.
«Seguramente no tendremos una posición uniforme» señaló Fernando Salino, presidente del bloque Convicción Federal -dentro del interbloque Popular-, que además reconoció: «Algunos tenemos más discrepancias, otros tienen algunas menos». Sin embargo esa diferencia a la hora de votar no implica ninguna ruptura del espacio, si no una división de roles donde algunos se oponen y otros colaboran activamente con la Casa Rosada.
Todo indica que el Gobierno logrará los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026. Pero esa mayoría parlamentaria no expresa un consenso social, sino una alianza de casta para ir contra los intereses de la enorme mayoría de la población. Lo que vuelve a dejar en evidencia la necesidad de pelear por construir desde abajo una salida independiente de los trabajadores, que invierta las prioridades y que corte con la subordinación al programa económico dictado por el FMI y los grandes empresarios. Empezar a prepararse para las próximas batallas, como la reforma laboral que se tratará en febrero, es cada vez más necesario.