La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en una etapa clave del litigio por la expropiación de YPF. La medida suspende de forma inmediata la obligación de desembolsar 16.000 millones de dólares al fondo Burford Capital, revocando una decisión previa de la jueza Loretta Preska.
Un respiro para las arcas del Estado
El fallo, emitido este lunes, constituye un revés para los fondos acreedores y pospone indefinidamente el desembolso multimillonario. Expertos legales consultados por este medio coinciden en que la suspensión permite al gobierno argentino ganar tiempo para continuar con su estrategia de defensa en los tribunales internacionales.
Reacciones políticas y silencios
Desde el oficialismo, el presidente Javier Milei se atribuyó el éxito de la gestión judicial. En tanto, desde el espacio de Unión por la Patria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también reivindicó el accionar de su gestión en el largo litigio. El expresidente Mauricio Macri, por su parte, anticipó que su gestión también tendrá argumentos para reclamar participación en el resultado.
Contraste con otro caso internacional
La noticia contrasta con la situación de la abogada argentina Agostina Páez, detenida en Brasil desde hace casi tres meses acusada de un presunto delito de racismo. Páez enfrenta un proceso judicial por gestos ofensivos realizados durante una discusión en un bar de Río de Janeiro, con una posible multa superior a los cien mil dólares.
Mientras el caso YPF moviliza declaraciones públicas, la situación de la ciudadana argentina en Brasil ha generado menos repercusión oficial. El expresidente Alberto Fernández ha actuado como mediador informal ante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, aprovechando su relación personal con el mandatario brasileño.
Un litigio de larga data
El conflicto judicial se remonta a la expropiación del 51% de las acciones de YPF a la española Repsol en 2012. Fondos de inversión, liderados por Burford Capital, adquirieron derechos de demanda y han litigado desde entonces para obtener una compensación que, con intereses, alcanzaba la cifra ordenada a pagar.
Analistas económicos señalan que la suspensión del pago evita una presión inmediata sobre las reservas del Banco Central y otorga margen de maniobra al actual gobierno. El camino judicial, no obstante, aún no ha concluido y se esperan nuevas instancias de apelación por parte de los fondos acreedores.