El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Segunda Circunscripción de la provincia elevó un pedido formal para mantener un encuentro con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El objetivo central es abordar de manera integral el funcionamiento del sistema judicial en casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, un tema que ha generado amplio debate público en las últimas semanas.
Preocupación por las infancias judicializadas
En un comunicado oficial, la entidad profesional expresó una «profunda preocupación» por la situación de los menores que atraviesan procesos judiciales. Señalaron que muchos de ellos pasan «gran parte de sus vidas» dentro de este sistema, lo que impacta directamente en su desarrollo y bienestar. El Colegio cuestionó que la complejidad de estas problemáticas no sea suficientemente considerada, generando un abordaje que puede resultar inadecuado.
Críticas al sistema y alerta sobre prácticas cuestionables
Uno de los puntos críticos destacados es la falta de recursos dentro del Sistema de Protección Integral de Derechos. Según el pronunciamiento, esta «inacción» estatal crea un terreno fértil para la aparición de diagnósticos apresurados o la utilización de teorías no validadas científicamente, que pueden terminar silenciando la voz de los propios niños en los expedientes.
El Colegio también se refirió a lo que denominó prácticas «adultocéntricas», que aún predominarían en los tribunales. Advirtieron sobre riesgos de revictimización dentro de los procesos legales y subrayaron que escuchar efectivamente a las infancias, en un marco interdisciplinario, sigue siendo un desafío pendiente para el sistema.
Defensa del rol profesional y llamado a la articulación
Frente a discursos que, según indican, buscan deslegitimar el campo de la psicología, el Colegio defendió el valor de los informes periciales. Aclararon que estos documentos son una herramienta técnica más dentro del proceso judicial, que reflejan la singularidad de cada caso y deben ser interpretados en conjunto con otras pruebas. En ningún caso, remarcaron, constituyen una sentencia por sí mismos.
La entidad recordó que todos los profesionales matriculados están habilitados para realizar estas evaluaciones y que existen mecanismos de control, como el Tribunal de Ética, para canalizar denuncias por posibles malas prácticas. El incremento de vulneraciones de derechos, sostuvieron, exige respuestas urgentes y un rediseño de los dispositivos de intervención.
Objetivo de la reunión con la Corte
La solicitud de audiencia apunta a generar un espacio de diálogo para fortalecer la articulación entre el Poder Judicial y las políticas públicas destinadas a la niñez y adolescencia. El planteo busca promover cambios concretos con un enfoque centrado en el cuidado y la protección integral de los derechos de los menores, más allá de la mera judicialización de sus situaciones.