Una denuncia penal por posibles delitos de negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y cohecho fue presentada contra la senadora nacional por Salta, Flavia Royon. La acción judicial fue impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) en el marco del debate legislativo sobre la modificación de la Ley de Glaciares.
Los cargos y el contexto de la denuncia
La entidad denunciante sostiene que la legisladora habría actuado desde una posición de privilegio, aprovechando cargos públicos estratégicos en áreas de energía y minería, para favorecer intereses privados vinculados a proyectos extractivos. Los abogados fundamentan la acusación en los artículos 256, 256 bis y 265 del Código Penal.
Una trayectoria entre lo público y lo privado
La denuncia detalla la trayectoria pública de Royon, quien se desempeñó como secretaria de Minería y Energía de Salta, secretaria de Energía de la Nación en gestiones anteriores y secretaria Ejecutiva de la Mesa del Litio. Según la Aadeaa, estos roles le habrían proporcionado acceso a información oficial y capacidad de influencia, que posteriormente podría haber derivado en beneficios para empresas del sector.
Vínculos con empresas del sector
El foco de la querella se posa sobre las relaciones de la senadora con las firmas Minenco SAS, Mineneco SAS y el holding Zelandez. Esta última empresa se especializa en servicios técnicos para la minería, como modelización hidrogeológica y balances hídricos, directamente relacionados con la evaluación de territorios y recursos acuíferos.
La conexión con la reforma de la Ley de Glaciares
Los abogados ambientalistas argumentan que la incompatibilidad se hace más evidente al analizar el contenido del proyecto de reforma. La iniciativa, que recibió el voto favorable de Royon, otorgaría mayor peso a estudios técnico-científicos para definir la protección de geoformas glaciares. Precisamente, el tipo de servicios que ofrece Zelandez, empresa de la que la senadora formó parte, podría ver incrementada su demanda e importancia si se aprueba la modificación legal.
La defensa de la función pública
Desde la Aadeaa enfatizaron que la denuncia busca preservar la integridad de la función pública y la defensa de territorios estratégicos para la protección del agua. «Defender glaciares, agua y territorios también exige denunciar a quienes convierten la función pública en plataforma de negocios privados», señalaron en un comunicado.
La causa judicial se encuentra ahora en manos del Juzgado Federal N° 12, que deberá determinar la procedencia de la denuncia y la eventual apertura de una investigación formal contra la legisladora.