Dos presentaciones penales radicadas en Comodoro Py reavivan la polémica por los préstamos a funcionarios. El oficialismo asegura que no hubo irregularidades y que las condiciones son las mismas para todos los clientes.
El caso de los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios públicos sumó este lunes un nuevo capítulo judicial con la radicación de dos denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py. Por sorteo, una de las causas quedó a cargo del juez Daniel Rafecas y la otra de la jueza María Eugenia Capuchetti.
La primera denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual contra Daniel Tillard, ex titular del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente del BCRA, por presuntos delitos como administración fraudulenta y abuso de autoridad. Minutos después, ingresó una segunda presentación de la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) y el legislador Esteban Paulón (socialista), que incluye a una lista más amplia de beneficiarios, entre ellos varios diputados nacionales.
Frente a las acusaciones, el Gobierno de Javier Milei salió a respaldar el otorgamiento de los préstamos. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, defendieron la legalidad de las operaciones. «No tienen ventaja respecto del resto», aseguró Caputo en una entrevista televisiva, al explicar casos puntuales como los de Federico Furiase o Felipe Núñez.
Según trascendió, el Banco Nación presentará este martes su descargo formal ante la Justicia, con detalles de cada operación crediticia y las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas. Desde el oficialismo insisten en que todas las operaciones cuentan con garantías como hipotecas o codeudores y que las tasas son las mismas para cualquier cliente que cumpla los requisitos.
En paralelo, los denunciantes cuestionan el perfil patrimonial de los beneficiarios. «Resulta evidente que los beneficiarios accedieron a acreencias que no se condicen con sus ingresos», plantearon Frade y Paulón en su presentación.
El impacto político del caso ya se hizo sentir: Leandro Massaccesi, jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, fue desplazado de su cargo tras conocerse que había accedido a uno de estos préstamos. En contraste, el Gobierno defendió a la funcionaria Gabriela Real, al señalar que su crédito fue tomado durante la gestión de Mauricio Macri.