La Municipalidad de Rosario clausuró administrativamente el histórico club tras detectar una fiesta clandestina. El conflicto también pone en evidencia una disputa de fondo por la situación dominial y administrativa del predio.
La Municipalidad de Rosario dispuso la clausura administrativa del Rosario Rowing Club tras detectar la realización de una fiesta sin autorización dentro de sus instalaciones. Además, se constató que la institución no cuenta con habilitación municipal definitiva.
El procedimiento que derivó en la sanción se remonta al 15 de marzo, cuando inspectores de Control municipal acudieron al lugar a partir de una denuncia vecinal. Según el acta oficial, en el club se desarrollaba una fiesta de carnaval con DJ, equipos de sonido y entradas a 14 mil pesos. Los agentes dejaron asentadas varias irregularidades: «falta de habilitación, organización de una fiesta clandestina, venta de bebidas alcohólicas, alteración del entorno y ausencia de personal de seguridad acorde a la normativa».
El conflicto, sin embargo, trasciende ese episodio puntual. De acuerdo con registros municipales, el club nunca obtuvo una habilitación definitiva y solo accedió en dos oportunidades a permisos provisorios de seis meses. A esto se sumaron observaciones técnicas, como deficiencias en las instalaciones eléctricas y objeciones sobre construcciones ubicadas en sectores considerados fuera de dominio.
Desde la institución plantean una mirada diferente. Los directivos aseguran que desde hace cuatro años intentan regularizar su situación sin éxito y cuestionan las condiciones exigidas por el municipio. En particular, rechazan firmar una declaración jurada que, según señalan, los obligaría a resignar futuros reclamos por daños y perjuicios en caso de que la autorización sea revocada o si debieran afrontar demoliciones o adecuaciones vinculadas a una eventual delimitación de la línea de ribera.
El Rowing sostiene que cuenta con planos de mensura y escrituras que respaldan la ocupación del predio, y argumenta que el área ganada al río corresponde a tierra sedimentada. La discusión con el municipio se centra en cómo encuadrar esa situación: si es posible otorgar una habilitación definitiva parcial y una provisoria sobre el resto, o si corresponde aplicar otro esquema normativo.
De este modo, la clausura dejó al descubierto dos problemas superpuestos: por un lado, la infracción concreta por un evento no autorizado; por otro, una disputa de fondo por la situación dominial y administrativa de uno de los clubes históricos de la costa rosarina.