En el último día del plazo, el Poder Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante el máximo tribunal, evitando aplicar los aumentos salariales y de becas previstos por la norma aprobada por el Congreso.
El conflicto en torno a la ley de financiamiento universitario escaló a una instancia judicial superior. Este viernes, el gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de mantener la suspensión de la normativa promulgada en octubre pasado.
En lugar de aplicar el aumento de salarios y becas estudiantiles aprobado por el Congreso, el Poder Ejecutivo optó por acudir al máximo tribunal. El ajuste, que había sido convalidado por un fallo en diciembre y una resolución posterior del 31 de marzo, implica un costo aproximado de 2,5 billones de pesos para la implementación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795.
El gobierno argumenta que busca mantener la suspensión de este incremento para garantizar el equilibrio fiscal, a pesar del reclamo de rectores, estudiantes y representantes de diversas fuerzas políticas. Inicialmente, el decreto 759/2025 dispuso la suspensión de la actualización de haberes hasta que se determinara el origen de los fondos necesarios, que en ese momento se estimaban en un billón y 69 mil millones de pesos, monto que ha crecido debido a la inflación y al atraso salarial.
Tras dos fallos adversos, la apelación a la Corte Suprema no solo busca prevenir un posible déficit fiscal, sino que también mantiene la expectativa de reformar una normativa que aún no ha entrado en vigencia para adecuarla al plan económico oficial.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señaló dificultades para establecer un diálogo con el Poder Ejecutivo que permita resolver el conflicto. Franco Bartolacci, presidente del organismo, confirmó que el próximo paso será la convocatoria a una nueva marcha federal para exigir el cumplimiento de la ley.
Recientemente, los rectores presentaron un informe que alerta sobre la situación del sistema de educación pública de nivel superior. Entre los datos más destacados, se señala que el poder adquisitivo del personal educativo ha caído un 32% desde noviembre de 2023 y que los salarios se encuentran en el nivel más bajo de los últimos 23 años.