Un análisis crítico sobre el lenguaje utilizado por funcionarios y medios ante las amenazas de tiroteos en escuelas de Santa Fe y el país, y su impacto en la comunidad educativa.
Por Carolina Schillagi / Especial para La Gaceta Santafesina
“Hoy vino la policía a la escuela porque se activó el protocolo. Tomaron huellas y sacaron fotos”. Protocolo. Operativo. Costo. Procedimiento. Comunicado. Consecuencias penales. Ese es el vocabulario con el que funcionarios públicos, algunos periodistas y varias instituciones eligieron para referirse en general a las amenazas de tiroteos que aparecieron en los últimos días en las escuelas de toda la provincia y el país. Una especie de fascinación con la parafernalia policíaco-punitiva recorre el lenguaje dominante para hablar de un conflicto que no es nuevo. Pero que luego de lo sucedido en la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde fue asesinado un chico de 13 años y afectada toda la comunidad, ahonda todavía más la herida social. La ahonda porque revuelve allí, se solaza en una mezcla de superficialidad, desorientación política y pobreza de alternativas prácticas y simbólicas para hacer frente a semejante desafío, que nos deja muy solos. Sobre todo a los pibes y las pibas que no reciben explicaciones, que no tienen idea de qué significa realmente que un protocolo “se active”.
Sí, sabemos que es un procedimiento estandarizado, secuencial, que tiene la finalidad de dar un sentido y un orden mínimo a las situaciones que lo requieren. Pero sabemos también que ese dispositivo no es neutral, que sus finalidades declaradas muchas veces están alejadas de lo que sucede en la vida diaria de las personas y poblaciones a las que se supone que busca atender. Los protocolos y sus efectos no se reciben pasivamente por parte de quienes son sus destinatarios. Los sujetos también “hacen cosas” con esos dispositivos: les corren los límites, los desafían, los relativizan, los rechazan… hay movimiento.
Desplegar ese vocabulario técnico-punitivo por parte del Estado, como el único -y limitado- conjunto de palabras que designa lo que está en juego, no sólo es ineficaz, es bastante más que eso. Es riesgoso. Lo es porque todas esas palabras, para decirlo de manera simple, son una construcción simétrica del lenguaje del miedo. O del terror. Y eso más que acercar algún principio de solución (o al menos de comprensión) del problema, puede llevar a agravarlo o a profundizarlo mucho más.
Los principales protagonistas de todo esto, los adolescentes, no están siendo escuchados, no hay asambleas, no aparecen convocatorias para darles un lugar, para alojar sus incertidumbres, sus resquemores, sus reticencias. Pero a la par de eso, están recibiendo una lluvia de palabras y argumentos fríos, técnicos, incomprensibles para muchos y muchas. Esos lenguajes no pueden ser los únicos que queden disponibles para hablar del asunto. Son lejanos a sus realidades y a las palabras que generan cercanía, cobijo, comprensión. ¿Perdimos acaso la capacidad de imaginar otras formas de hablar, donde acompañamiento, cuidado o escucha sean los soportes? Se desfondan (desde hace tiempo) esos lenguajes y sus espacios habilitantes, se despeñan en medio de discursos de odio y discriminación.
El vocabulario punitivo no es el único. Está acompañado por el vocabulario monetarizado del conflicto social, que se traduce en la sentencia “cuál es el costo de los operativos” (similar al que utiliza el gobierno nacional para hablar de los operativos que reprimen la protesta social). Esta elección estratégica se expresa en la puesta en marcha de un protocolo de cuantificación del daño por parte del gobierno provincial. Y así, escuchamos a funcionarios informar cuál es el costo de un operativo policial cuando hay amenazas: entre 5 y 6 millones de pesos. Una vez más: las palabras no son inocuas. Nunca. El Estado, como actor que siempre tiene más peso para darle nombre a un problema social, utiliza palabras… y números. Castigo y dinero. Dos lenguajes de época. Una época que quizás todavía estemos a tiempo de cambiar.