La Justicia santafesina ratificó las condenas para tres integrantes de una banda que, mediante un engaño vinculado a la compra y venta de cabello, asaltó a una peluquera paraguaya y a su pareja. Las penas son de cumplimiento efectivo, aunque una de las condenadas cumplirá prisión domiciliaria.
La Justicia de Santa Fe confirmó las condenas para tres personas que participaron en un robo calificado ocurrido en la ciudad. El hecho, que involucró un engaño relacionado con la compra de cabello, fue perpetrado contra una peluquera de Paraguay y su pareja.
Según la fiscal del caso, Dra. Rosana Peresín, la maniobra fue liderada por Rocío Bustos, quien mantenía una supuesta relación laboral con la víctima. Bustos convenció a la peluquera para que viajara a Santa Fe bajo la promesa de conseguir jóvenes interesadas en vender su cabello, ofreciéndole alojamiento en su vivienda.
Las víctimas llegaron a la casa de Bustos alrededor de las 3 de la madrugada, tras un viaje coordinado por la imputada. Al arribar, fueron abordadas por un grupo de hombres armados, entre los que se encontraba una menor de edad, quienes les sustrajeron efectos personales, relojes y una suma de dinero: 2 millones de pesos y 4.000 guaraníes.
Inicialmente, Bustos intentó hacerse pasar por otra víctima del asalto, pero la investigación policial y la identificación de los otros participantes determinaron que ella facilitó el ingreso de los delincuentes y coordinó el golpe.
Las penas quedaron de la siguiente manera: Rocío Bustos fue condenada a 7 años de prisión efectiva, pero debido a que tiene cinco hijos (dos de ellos menores de 5 años) y carece de antecedentes penales, se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Juan Óscar Martínez y Marcelo Martínez recibieron una pena de 7 años y 10 meses de prisión, con declaración de reincidencia por contar con antecedentes penales previos. Juan Martínez había recuperado su libertad apenas diez días antes de cometer este nuevo delito.
Un cuarto implicado firmó un procedimiento abreviado con una pena similar, mientras que un quinto coimputado se encamina a juicio oral, al no haber prestado conformidad para un acuerdo. La fiscalía destacó que, pese a las detenciones, el dinero en efectivo no pudo ser recuperado, por lo que el delito se considera consumado.