Jueces de la Corte Suprema de Santa Fe, magistrados federales y académicos intercambiaron miradas sobre la situación social y la Justicia en un conversatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
Jueces de la Corte Suprema de Santa Fe, magistrados federales y académicos protagonizaron este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) un debate sobre pobreza, delito y Derecho Penal. El panel en formato conversatorio se llamó «El injusto culpable en una sociedad inequitativa».
La actividad fue previa a la entrega del doctorado honoris causa a Luis Greco, catedrático de la Universidad Humboldt de Berlín. El jurista brasileño radicado en Alemania es uno de los pensadores más influyentes del derecho penal contemporáneo.
La apertura del panel estuvo a cargo del decano de la Facultad de Derecho, Hernán Botta, y Daniel Erbetta, docente de esa casa de estudios e integrante de la Corte Suprema provincial. Erbetta se preguntó «cómo debe posicionarse el saber penal» ante «una profunda desigualdad social» y una «exclusión naturalizada». En este sentido, retomó palabras del Papa Francisco y planteó que «existen personas que viven en territorios sin derecho».
«Se ha profundizado la selectividad del sistema penal. El neoliberalismo tiene una necesidad de aumentar el tratamiento penal de los problemas sociales», expresó el magistrado, que también puso el foco en Santa Fe: subrayó que en los últimos diez años la tasa de encierro se triplicó.
En la misma línea, Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, advirtió sobre el «problema de la securitización», que «busca satisfacer necesidades emocionales de los gobernados».
Matilde Bruera, exdefensora pública en la Cámara Federal de Casación Penal, también cuestionó la desigualdad y «la prisionización sin condena y la condena sin juicio». Además, Bruera resaltó el papel del movimiento feminista: «Ha destacado el carácter androcéntrico y patriarcal del Derecho Penal». La exdiputada provincial por el peronismo también cuestionó el nombre que le puso el gobierno provincial a la cárcel para presos de alto perfil: El Infierno. «Están anunciando que van a violar la convención contra la tortura», disparó.
Jorge Baclini, también integrante de la Corte Suprema de la provincia, señaló que las decisiones de los magistrados suelen basarse en «juicios subjetivos y eventualmente presiones externas», como la exposición mediática del caso. A su entender, el concepto de «culpabilidad por vulnerabilidad» reconoce las desigualdades sociales. «El juez no debe evaluar si una persona es buena o mala, sino si existían condiciones para exigir una conducta distinta», expresó el exfiscal general de la provincia.
A su turno, Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, apuntó contra la «violencia estructural» y llamó a una «revisión radical y crítica» de los modos en que se aplica el derecho penal. Cuestionó el «modelo de derecho neoliberal» y planteó que el «derecho penal debe abrirse al reverso de las instituciones».
El cierre estuvo a cargo de Greco, quien sostuvo que en el Derecho Penal se «está lidiando con lo peor que le puede hacer el Estado a una persona», que es privarla de su libertad. «No podemos ser agentes del infierno», afirmó. El catedrático indicó que la tarea es «domar el animal salvaje que es el Estado» y llamó a los juristas a involucrarse: «No hay Derecho Penal sin manos sucias».