La diputada nacional Gisela Scaglia presentó una iniciativa que propone reducir gradualmente los derechos de exportación hasta su eliminación total en 2028, y eliminar la facultad del Ejecutivo de modificar alícuotas por decreto.
La diputada nacional Gisela Scaglia (Provincias Unidas, PU) presentó en la Cámara baja un proyecto de ley para la reducción gradual y eliminación total de los derechos de exportación sobre el sector agropecuario y agroindustrial. La iniciativa establece una reducción progresiva en cuatro tramos: cada año se descuenta una cuarta parte de la alícuota vigente al momento de la promulgación, hasta llegar a cero a partir del 1° de diciembre de 2028.
El proyecto también deroga el artículo 755 del Código Aduanero, que habilita al Ejecutivo a modificar las alícuotas por decreto sin intervención del Congreso. Durante 2025 se produjeron seis cambios en los derechos de exportación de cereales y oleaginosas por esa vía, generando incertidumbre en el mercado. La nueva norma establece que cualquier modificación futura deberá ser aprobada por ley formal del Congreso.
La legisladora santafesina destacó que el sector agroexportador cerró 2025 con ingresos superiores a los 31.000 millones de dólares, consolidándose como la principal fuente de divisas del país. Sin embargo, señaló que la Argentina permanece estancada en producción y crecimiento exportador porque el impuesto extrae renta que debería destinarse a tecnología y ampliación de la frontera productiva.
“Cuando al campo le va bien, le va bien a toda la Argentina. El productor que gana más no se guarda la plata: compra una máquina, contrata más gente, mueve la economía. Esto no es un privilegio sectorial, es una condición para que el país crezca”, agregó la exvicegobernadora santafesina.
El proyecto contempla, además, una cláusula de protección federal: el Ejecutivo no podrá invocar la nueva norma para modificar los regímenes de coparticipación ni los fondos destinados a las provincias. Scaglia subrayó que la recaudación de retenciones no es coparticipable, por lo que las provincias productoras generan la riqueza pero no reciben retorno proporcional, un esquema que consideró contrario al federalismo constitucional.