El Ministerio Público de la Acusación solicitará este viernes la demolición de un inmueble en Zavalla al 1700, utilizado para la venta de drogas. La audiencia será presidida por el juez Sergio Carraro.
Frente a la estación de trenes Mitre, en el sector oeste del barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, una vivienda abandonada, ocupada desde hace años y convertida en un punto de conflictividad urbana podría tener sus días contados.
Este viernes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitará judicialmente la demolición del inmueble ubicado en Zavalla al 1700, tras considerar acreditado que allí se desarrollaban actividades vinculadas al microtráfico y otros delitos conexos.
El planteo será formulado por el fiscal de la Unidad Especializada en Microtráfico, Arturo Haidar, durante una audiencia de “cese de estado antijurídico” prevista para las 10.45 en la Sala 2 del subsuelo de tribunales. La audiencia será presidida por el juez Sergio Carraro, quien deberá resolver si hace lugar o no al pedido de derribo.
La actividad contará además con la participación del subdirector de la unidad fiscal, Diego Vigo, representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad, Fiscalía de Estado y la Municipalidad de Santa Fe. También fueron convocados los propietarios de la finca, cuya sucesión permanece abierta desde hace más de diez años.
Un inmueble inhabitable
La propiedad ocupa un terreno de 188 metros cuadrados, con salida tanto por Zavalla como por Monseñor Zaspe. Sin embargo, los informes técnicos incorporados al expediente describen un escenario de abandono extremo.
“El estado general del inmueble es de un deterioro profundo”, señala un relevamiento realizado por el Ministerio de Seguridad provincial. Según la inspección, las habitaciones no tienen techo, el lugar carece de suministro eléctrico y de agua potable y apenas conserva un inodoro en malas condiciones.
El patio, agregan los especialistas, se convirtió en “un mini basural”, situación que representa un “grave riesgo para posibles habitantes”.
Desde la fiscalía remarcaron que la vivienda “no es viable” para uso habitacional y presenta incluso peligro de derrumbe. Pero además advirtieron que, con el paso del tiempo, el lugar se transformó en un espacio utilizado para la comercialización de estupefacientes y refugio de personas que ingresaban y salían de manera irregular.
Para los investigadores, esa dinámica terminó consolidando un foco permanente de conflictividad. “Se naturalizó la situación a tal punto que el fin del inmueble se convirtió en un centro para actividad de comercialización de estupefacientes y delitos conexos”, indicaron fuentes judiciales.
La investigación de Microtráfico
El pedido de demolición se apoya en una investigación desarrollada por la Unidad Fiscal de Microtráfico junto a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones, creada específicamente para intervenir en puntos de venta de droga al menudeo y estructuras delictivas de escala barrial.
La pesquisa derivó el pasado sábado 9 de mayo en dos allanamientos ordenados por el juez Sebastián Szeifert. Uno de ellos se concretó precisamente en la propiedad de Zavalla al 1700.
Durante el procedimiento, los agentes secuestraron cocaína fraccionada y compacta, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.
Como resultado de los operativos fueron detenidas doce personas —siete mujeres y cinco hombres— imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Posteriormente, tres mujeres quedaron en prisión preventiva. Una de ellas fue alojada en un establecimiento penitenciario, mientras que las otras dos accedieron a la prisión domiciliaria por ser madres de niños menores de cinco años.
Entre las imputadas figuran Natalia Marisa Martínez, su hija Daiara Martínez y Daiana Ayelén Villalba, esta última familiar de una de las restantes acusadas, todas asistidas legalmente por el abogado Martín Peón.
En total, la PDI secuestró más de 49 gramos de cocaína fraccionada, 84 gramos de marihuana, nueve teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Clausura e intrusiones
Tras los allanamientos, la Municipalidad de Santa Fe procedió a clausurar el inmueble y cerrar sus accesos con colaboración policial. Sin embargo, las medidas de contención no lograron evitar nuevos intentos de ingreso.
Según indicaron desde la investigación, durante esta semana volvieron a registrarse intrusiones en el predio, situación que reforzó el planteo fiscal respecto de la necesidad de eliminar definitivamente la estructura edilicia.
Desde la Unidad Fiscal de Microtráfico sostienen que la demolición no sólo apunta a impedir nuevas actividades ilícitas, sino también a intervenir sobre un espacio urbano degradado que desde hace años concentra situaciones de violencia, consumo problemático y ocupaciones precarias.
En caso de prosperar el planteo del MPA, la demolición de la vivienda de Zavalla al 1700 se convertirá en el quinto derribo impulsado en la capital provincial dentro de investigaciones por microtráfico.