La Justicia provincial dispuso la demolición de un inmueble tomado en calle Zavalla al 1700, utilizado como punto de venta de drogas. La medida fue solicitada por la Unidad Especial de Microtráfico del MPA.
La Justicia provincial ordenó este viernes la demolición de un inmueble tomado de barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, señalado como soporte funcional para la venta de estupefacientes al menudeo y foco de reiterados hechos de violencia y conflictividad urbana.
La medida fue dispuesta por el juez penal Sergio Carraro, a pedido de la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El edificio, ubicado frente a la estación Mitre de la ciudad de Santa Fe, estaba usurpado desde hacía más de diez años y presentaba un grave deterioro estructural.
La resolución fue adoptada en el marco de una audiencia de “cese de estado antijurídico”. La vivienda, conocida en el barrio como “La Casona”, se encuentra sobre calle Zavalla al 1700, en la esquina con Monseñor Zaspe. Según se ventiló durante la audiencia, el inmueble estaba vinculado a actividades de comercialización de drogas.
El pedido fue formulado por el fiscal Arturo Haidar, acompañado por el subdirector del área, Diego Vigo, además de representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad, Fiscalía de Estado, la Municipalidad de Santa Fe y los herederos del inmueble.
Durante su exposición, el fiscal Haidar sostuvo que la Fiscalía solicitó “el cese de estado antijurídico de La Casona, mediante su inactivación física, bajo la modalidad de derribo”. Repasó distintos antecedentes y afirmó que del material recolectado “surge que el inmueble ha sido soporte funcional para la comercialización de estupefacientes al menudeo”.
La pesquisa se inició a partir de una llamada anónima al 911 el 13 de marzo pasado. Una mujer denunció que dos menores de edad vendían drogas para su madre, en lo que describió como un “mercado abierto de estupefacientes”. El 12 de abril, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones realizó tareas de observación y consignó un “flujo constante de ingreso y egreso de personas”. A ello se sumaron registros captados por el domo de videovigilancia, que mostraron “maniobras de comercialización y consumo inmediato de estupefacientes”.
El allanamiento realizado el sábado 9 de mayo permitió secuestrar alrededor de 40 gramos de cocaína, 84 gramos de marihuana, teléfonos celulares y elementos para el fraccionamiento de droga. Tres mujeres fueron imputadas por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y quedaron en prisión preventiva.
En paralelo, se abordó la compleja situación dominial de la propiedad. El inmueble se encuentra sometido a un trámite sucesorio, y los herederos iniciaron acciones judiciales por la usurpación, que se arrastraba desde hacía más de diez años.
La Municipalidad de Santa Fe dispuso el bloqueo de los principales accesos, pero la Fiscalía sostuvo que la medida no neutralizaba el riesgo por posibles intrusiones ni por el grave deterioro edilicio. Claudio Ponce de León, asesor técnico del Ministerio de Seguridad, advirtió que el edificio resultaba “peligroso tanto para futuros moradores como para transeúntes” y recomendó “la demolición controlada”.
La propietaria del inmueble manifestó su conformidad con la medida. “Es una cosa incontrolable, es preocupante sobre todo para el barrio”, expresó ante el tribunal.
El juez Carraro coincidió con los argumentos y consideró que “la medida que se está planteando es necesaria”. “El derribo es lo adecuado y así lo habremos de ordenar”, afirmó. Finalmente, dispuso que las autoridades informen previamente la modalidad y fecha de la demolición, y que antes del derribo se verifique que no haya personas dentro del predio.