Un estudio del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) indica que la mayor parte del recorte de $2,4 billones dispuesto por el gobierno nacional afecta partidas provinciales de salud, educación y obra pública.
El 57% del nuevo ajuste de $2,4 billones dispuesto por el presidente Javier Milei recae sobre las provincias, profundizando el recorte en áreas como salud, educación y obra pública. Así lo señala un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), que analiza los efectos de la Decisión Administrativa 20, mediante la cual el gobierno nacional modificó el presupuesto para el ejercicio 2026.
La medida, orientada a garantizar el superávit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), implica una nueva reducción en partidas de alta sensibilidad social. Según el Ceso, entre los programas más afectados se encuentran el plan de alfabetización (-$29.998 millones), el fortalecimiento de la salud provincial (-$25.000 millones), las transferencias para obra pública (-$9.053 millones) y el Fondo Salarial Docente (-$8.930 millones).
El informe también destaca que, desde el inicio de la gestión, las transferencias nacionales a provincias acumulan una caída real del 64%. Mientras se ajustan recursos para servicios esenciales, aumentan las partidas destinadas al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia.
En el ámbito educativo, el recorte alcanzó los $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación, y se suspendieron transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales. Además, se eliminó el fondo de compensación salarial docente, por $8.929.835.294, destinado a equiparar los salarios mínimos de los docentes provinciales.
En infraestructura escolar y equipamiento, la reducción fue de $21.686 millones, mientras que el programa de políticas socioeducativas sufrió un recorte de $6.649 millones, que incluye una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles. Las universidades nacionales también resultaron alcanzadas, con una poda de $5.303 millones en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.