Los jefes de los bloques del oficialismo y la oposición, junto al presidente provisional del Senado, Felipe Michilig, se reunirán con los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe antes de aprobar la ley que reforma el proceso contencioso administrativo.
El Senado de Santa Fe prevé consultar a la Corte Suprema de Justicia provincial antes de sancionar una nueva ley de proceso contencioso administrativo. La reunión, que reunirá a los jefes de los bloques del oficialismo y la oposición con el presidente provisional del Senado, Felipe Michilig, y los ministros del máximo tribunal, se realizará antes de la aprobación definitiva.
La Cámara de Diputados ya otorgó media sanción al proyecto, y la mayoría en el Senado espera completar el trámite legislativo sin demoras. El Poder Ejecutivo Provincial envió un mensaje que logró la media sanción en la Cámara baja, y en la Cámara alta se solicitó preferencia en la sesión del 7 de mayo, cuando ingresó el expediente.
Según fuentes consultadas, en la Comisión de Labor Parlamentaria del 7 de mayo, el peronismo planteó que si se impulsaba un “trámite express” votaría en contra. El oficialismo radical, que cuenta con los votos necesarios para imponer el tema, optó por dar preferencia al asunto en lugar de una aprobación inmediata.
El proyecto, identificado como mensaje número 42 del Poder Ejecutivo, fue solicitado para la sesión de este jueves 21 de mayo por el jefe de la bancada radical, Rodrigo Borla. La iniciativa deroga la ley 11.330 vigente y amplía “la competencia material de los órganos jurisdiccionales en lo contencioso administrativo”. Según el texto, se establece la posibilidad de debatir “pretensiones más amplias que la mera impugnación de actos administrativos o el restablecimiento o reconocimiento de derechos o intereses”, lo que implica abandonar la denominación de “recurso contencioso administrativo”.
La reforma responde a la disposición transitoria 21 de la Constitución provincial sancionada en 2025, que establece que “los procesos contencioso administrativos y los recursos contra las decisiones del Tribunal de Cuentas tramitarán ante los órganos jurisdiccionales con competencia en materia contencioso administrativa hasta que una ley regule la materia”.