El mismo día en que la Justicia le hizo lugar a un amparo de familiares de pacientes, a través del cual se obligó al Estado a resolver las demoras en la entrega de medicamentos de alto costo para personas sin cobertura de salud, el Gobierno derogó la dependencia de la que pendían esos trámites, la famosa Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, o DADSE, y creó en su lugar un área similar: la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC), cuyo funcionamiento acaba de ser difundido en una resolución, este miércoles.
Si bien lo último quedó plasmado en el Boletín Oficial, a través de la resolución 42/2025, al igual que el fallo judicial en favor de los pacientes, la derogación de la polémica DADSE tiene más de una semana.
Fue justo antes de la feria judicial que se publicó el decreto 1138/2024 (fechado el 30 de diciembre), donde se aprobaron cambios en la unidad organizativa del Ministerio de Salud. Entre ellos, la creación de la DINADIC, que -al igual que la DADSE- coordinará con las provincias la resolución de necesidades especiales de medicación considerada “de alto costo”, para pacientes sin obra social o prepaga, en cuyas provincias no hayan podido obtener los fármacos que precisaban.
En cuanto al fallo que tramita en paralelo a estas novedades, la última noticia es que deberá resolverse en la Cámara de Casación, luego de que el Gobierno apelara el 3 de enero al amparo tramitado en forma colectiva por distintas asociaciones que representan a pacientes con enfermedades severas o raras, y que consideran vulnerados sus derechos por las demoras desde la DADSE en la resolución de sus expedientes con pedidos de medicación.
Más allá de que el Gobierno apeló, la medida cautelar sigue en pie, determinó el juez Marcelo Dos Santos, quien en una resolución -fechada, también, el 30 de diciembre- ordenó al Estado nacional 1) resolver en 10 días todos los pedidos de medicamentos que lleven más de dos meses de demora y 2) adaptar en no más de 20 días todos los trámites pendientes, de modo que su resolución no exceda los 60 días, según establece la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Pero, como se dijo arriba, no será propiamente la DADSE sino la flamante DINADIC la que deberá poner en marcha estas obligaciones. Según el nuevo mapa del Ministerio de Salud, el área cuelga de la Subsecretaría de Planificación y Programación Sanitaria, que a su vez es dependiente de la Secretaría de Gestión Sanitaria.
Con las secretarías de Gestión Administrativa y de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, más la Unidad Gabinete de Asesores, la última completa el grupo de los cuatro grandes sectores que penden directamente del ministro de Salud, Mario Lugones.
DINADIC: cómo funcionará la nueva DADSE
Es difícil olvidar la seguidilla de conflictos que protagonizó la DADSE hace cosa de un año, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cerró las puertas de la dependencia de un día para el otro, con el argumento de que se haría una “reestructuración” del sector.
La protesta de decenas de pacientes (muchos de ellos con enfermedades crónicas y sin acceso a sus medicamentos) se hizo escuchar. Desde el entorno de Pettovello asomaba una auditoría por falta de transparencia en el manejo de fondos durante la gestión de Alberto Fernández, cuestión que derivó en un fallido intento judicial desde el área de Legales de Capital Humano (conducida por Leila Gianni, funcionaria que en octubre sumó otra baja a ese ministerio). El resultado: no uno sino los dos fiscales a cargo (Carlos Rívolo y Ramiro González) desestimaron la denuncia y solicitaron el archivo de la causa.
Lo concreto es que hace casi un año, Pettovello transfirió la DADSE al Ministerio de Salud, entonces manejado por Mario Russo, quien no la tuvo fácil a la hora de lidiar con los numerosos expedientes acumulados de pacientes y licitaciones de medicamentos costosísimos totalmente varadas.
Pero parte del trabajo de reordenamiento (palabra clave de la actual gestión de Gobierno) que el ministerio dijo haber iniciado en ese momento, parece terminar de cobrar forma con el gesto, a modo de relanzamiento, de la ahora DINADIC.
DADSE o DINADIC: pacientes vs. Ministerio de Salud
La querella está constituida por seis asociaciones civiles de pacientes y familiares de pacientes. Son la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA); la Asociación Civil SOSTEN; las fundaciones Entrelazando Esperanza y Grupo Efecto; y la Asociación Civil Geselina “Llegaremos a tiempo”.
Al cierre de estas líneas se aguardaban precisiones del Ministerio de Salud pero, según se pudo averiguar, las objeciones planteadas en la apelación que llevará este litigio a una instancia superior incluyen cuestiones formales en relación a la demanda, cierto énfasis en que esas asociaciones no tienen legitimación, el hecho de que la “acreditación del caso”, dice el escrito, se basa en “consideraciones dogmáticas y arbitrarias”, y un señalamiento a la decisión del juez que –consideran desde el entorno del ministro Lugones- debió haber estado dirigida a las provincias y no a Nación.
“Es a todas luces evidente que no existe arbitrariedad o ilegalidad por parte de mi mandante; el Ministerio de Salud se encuentra tramitando todos los requerimientos de subsidio, tal como lo ha informado la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales en la documental que acompañó, lo cual se hace, en algunos casos, en subsidio de las provincias que no cumplen con su obligación constitucional”, explica en la apelación Santiago Varni, abogado representante del Ministerio.
Suman también que la DADSE vino funcionando correctamente y que los casos de demoras se atribuyen a “expedientes administrativos en los que no se ha cumplimentado de parte de quien los impulsa algún requisito o la incorporación de documentación relevante y necesaria para instar el procedimiento de subsidio iniciado”.
Ahora bien, ¿qué denunciaron los pacientes que tuvieron problemas para tramitar su medicación de alto costo?
La acusación de los pacientes contra el Ministerio de Salud
Que el amparo tramitado sea “colectivo” significa que “comprende a todas las personas que requirieron asistencia médica a la DADSE y que tienen un expediente cuyo trámite se vio suspendido o demorado por el Estado nacional, sea cuando estaba en Capital Humano como desde que pasaron el área a la órbita de Salud”, explicó Paolo Petrecca, representante de la querella.
El meollo de la denuncia se resume bien en un informe sobre el funcionamiento de la entonces DADSE, que presentó el propio Ministerio de Salud. De ese informe “se desprende que el 70% de los expedientes en trámite (660 de un total de 940) ya habían insumido más de 60 días hábiles para su resolución. También se comprobó que una gran cantidad de expedientes insumen entre 6 y 12 meses. A septiembre de 2024 había aún 96 expedientes sin resolver iniciados en 2023 y, en total, 177 iniciados antes del 1 de febrero de 2024”, apuntó Petrecca.
Sin embargo, quizás el punto más relevante sea que, “de los 141 expedientes en trámite sobre niñas, niños y adolescentes, en 119 se excede el plazo de 60 días hábiles administrativos”, algo que el abogado querellante destacó particularmente, ya que “en el amparo también está presentada como actora la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes”.
La Nación y las provincias frente a la medicación de alto costo
Históricamente, la DADSE era una suerte de banco de drogas para pacientes sin otra cobertura de salud que la del sector público. Desde esa dependencia, Nación compensaba los insumos de alto costo que estuvieran por fuera de los vademecum provinciales.
A diferencia de esa impronta -dice el Gobierno-, la intención del Ministerio actual (y, en consecuencia, de la nueva DINADIC) es impulsar a las provincias a que sean ellas mismas las que resuelvan este tipo de necesidades, por lo menos en lo que a los trámites respecta. Y, en lo posible, habilitar que Nación tenga un rol más bien “organizador” antes que “financiador”. En lo declamativo suena bien, pero hay que ver qué pasa en la práctica.
Por ahora, aun con el cambio de nombre, no se vislumbran grandes cambios en comparación a los que ya se pusieron en marcha en el último año. Petrecca describió el que quizás sea el más importante: «Un cambio en la forma de tramitación. Ahora cada provincia va presentando el trámite ante el Ministerio de Salud; ya no lo hace más cada particular».
En cualquier caso, antes como ahora, parte de la suerte del paciente (que está en una situación de doble vulnerabilidad; enfermo y sin recursos económicos) depende no solo de la celeridad y el presupuesto gestionado por las autoridades nacionales sino también de los vericuetos burocráticos de dónde viva.
El funcionamiento de la DINADIC
Por lo pronto, el comunicado del Gobierno sobre el funcionamiento de la DINADIC la describe de un modo parecido a la vieja DADSE: “Es complementaria a las jurisdicciones, por lo que es necesario que la asistencia haya sido rechazada expresamente por la provincia. A su vez, la negativa debe ser firmada por la máxima autoridad de la cartera sanitaria de cada jurisdicción”.
Suman que “se regirá por un sistema de compras de medicamentos con reglas claras, que tiene por objetivo transparentar todas las solicitudes. En ese sentido, se implementa un circuito de compras con diferentes alternativas según la necesidad de cada caso, con el propósito de hacer más eficiente la administración de los recursos y los tiempos de acceso a la medicación”.
Y detallan los distintos circuitos de compras, también parecidos a como -se supone- debía funcionar la DADSE, una dependencia que (denunció el Ministerio de Capital Humano, pero la Justicia no le hizo lugar a esos señalamientos).
Esto es, 1) a través del convenio con el PAMI para los medicamentos enmarcados en el acuerdo suscripto por ambas partes; 2) a través de compras regulares por normativa nacional para solicitantes sin riesgo de vida o; 3) cuando haya riesgo inminente de vida (por contratación directa por razones de emergencia); y 4) compras de extrema excepcionalidad y urgencia por casos de riesgo de vida inminente, cuando la medicación deba ser provista en menos de 10 días hábiles y los plazos de una contratación directa por urgencia y /o emergencia no permitan satisfacer esos tiempos.
AS / PS