La Cámara de Diputados de Santa Fe avanza con el proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches en toda la provincia. El jueves próximo las comisiones tratantes buscarán unificar dictamen, pero antes recibirán a representantes de la Iglesia, que se oponen a la eliminación y piden una regulación.
El proyecto de ley que prohíbe la actividad de cuidacoches en toda la provincia de Santa Fe, con media sanción del Senado, comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados. El jueves próximo, las comisiones de Seguridad Pública, Presupuesto y Asuntos Constitucionales tienen previsto unificar un despacho para llevarlo al recinto. Sin embargo, el miércoles anterior los legisladores convocarán a representantes de la Iglesia para escuchar sus planteos.
La iniciativa, impulsada por el senador Ciro Seisas (Rosario), establece la adhesión de los municipios como paso fundamental para su aplicación, e incluye tareas comunitarias, penas de arresto y alternativas de reinserción laboral. Este jueves, las comisiones deberán definir quién ejerce la acción contravencional, a fin de evitar que las faltas colapsen la Justicia penal. Tanto el radicalismo como el socialismo presentarán borradores de dictámenes por separado para unificar criterios.
La comisión de Seguridad Pública advirtió que se debe aprobar una “legislación responsable y aplicable”. El diputado de Unidos, Martín Rosúa, señaló: “Cargarle el trabajo a la Justicia penal podría empeorar la situación. Obviamente tiene que hacerse desde los municipios y no desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA)”.
El miércoles a las 13, la comisión de Seguridad recibirá a autoridades eclesiásticas. El Arzobispado de Rosario ya envió un documento para ser analizado por los legisladores. Ese mismo miércoles, referentes locales de la Iglesia Católica mantuvieron un encuentro con personas que se dedican a la actividad. Participaron el arzobispo Martín, el responsable de la Pastoral Social de Rosario, padre Fabián Monte, y miembros de la comisión Diocesana de Pastoral Social.
En el encuentro, la Iglesia reafirmó su “acompañamiento a estos trabajadores informales” y llamó a una regulación de la actividad, no a su eliminación. “Por eso creemos que este tipo de actividades no deben eliminarse, sino ordenarse; principalmente para identificar a quienes se aprovechan de estas situaciones, especialmente en espectáculos masivos o en inmediaciones de los estadios”, remarcó el arzobispo rosarino.
El proyecto que llegó del Senado probablemente tendrá cambios. Semanas atrás, en la comisión de Seguridad, funcionarios de la capital provincial manifestaron su preocupación por hacerse cargo de las acciones punitivas, al cuestionar el artículo 4 que impone la adhesión municipal y constituye al ámbito municipal como autoridad para afrontar las contravenciones. La dificultad planteada es que para cumplir con el proyecto haría falta más presupuesto y nuevas designaciones.
Un tema señalado es que distintas problemáticas tienen regulación con una única casuística: los trapitos que extorsionan, los cuidacoches aceptados por vecinos e integrados a un barrio, los barrabravas que lucran en shows o partidos y las cooperativas a beneficio de hospitales constituyen fenómenos heterogéneos que se legislarían bajo la misma prohibición.
“Está claro que se llegó a un nivel casi insoportable en un sector de la sociedad, víctima de apretadas, extorsiones, apropiación del espacio público. Sería una injusticia abordarlo genéricamente cuando hay problemas distintos. Ahora hay que resolver cómo ponerlo en marcha, sin generar recursos extra, sin complicar a la Justicia y sin atacar la vulnerabilidad de personas que tendrían que ser atendidas y capacitadas laboralmente”, resumió Rosúa, quien se mostró confiado en avanzar en una legislación al respecto.
Por su parte, la diputada socialista Lionella Cattalin indicó que existen realidades distintas en las diversas localidades y normativas diferentes. “Todos pidieron cambios por la capacidad de accionar o no ante una falta cometida. Esta ley tiene que entender las realidades de toda la provincia y de todas las ciudades, es algo complejo y dificultoso. El control del espacio público es potestad municipal pero la contravención es algo provincial y hay que amalgamar todas estas realidades y sacar una norma que solucione todas las aristas como la violencia, la falta de empleo, la pobreza creciente y no abarrote a la Justicia muy cargada con juicios pendientes. Tenemos que ser muy responsables a la hora de hablar de este tema y no vender espejitos de colores, porque el problema de los cuidacoches puede ser una de tantas soluciones, pero no lo vamos a resolver con una ley y mucho menos con una ley debatida a las apuradas”, finalizó.