La Fiscalía de Casilda realizó dos allanamientos en Venado Tuerto en el marco de la investigación por estafas de la firma Emprender Viviendas Modulares. Se detuvo a una persona y se secuestraron notebooks, teléfonos y documentos. La empresa prometía casas prefabricadas que nunca entregó.
La Fiscalía de Casilda, a cargo del fiscal Juan Oggero, realizó este viernes dos allanamientos en la ciudad de Venado Tuerto en el marco de la causa contra la firma Emprender Viviendas Modulares, investigada por estafas. En los operativos se detuvo a Leonardo Isaac T., de 66 años, padre del imputado Diego T., quien permanece prófugo fuera del país. Se secuestraron siete notebooks de la empresa, tres teléfonos celulares y documentación vinculada a la firma.
Uno de los allanamientos se llevó a cabo en la sucursal TecnoHogar, ubicada en calle Lisandro de la Torre al 800, propiedad de Leonardo Isaac T. El otro procedimiento se realizó en su domicilio particular, en calle Juan Garro al 3300.
Emprender Viviendas Modulares, cuyo nombre comercial corresponde a la empresa inscripta como El Techo Moderno SRL, ofrecía construcciones prefabricadas llave en mano. Según consta en la investigación, la firma mostraba a los potenciales clientes algunas viviendas entregadas como prueba de cumplimiento para generar confianza. Tras los pagos iniciales, dilataban los tiempos de entrega hasta que resultó evidente que nunca construirían las casas. La planta de producción, ubicada en bulevar Colón 2150 de Casilda, cerró cuando comenzaron a acumularse las denuncias.
Las presentaciones judiciales contra la firma se cuentan por decenas, no solo en la provincia de Santa Fe sino también en Córdoba y Buenos Aires. Entre los perjudicados hay personas de Casilda, Rosario, Cañada de Gómez, la ciudad de Santa Fe, Marcos Juárez (Córdoba) y Pérez Millán (Buenos Aires). Algunos contratos incumplidos superan los 10 millones de pesos.
El abogado Edgar Rasino, quien representa a varios afectados, declaró al portal Punto Biz: “Primero, lo tomamos como un incumplimiento contractual, pero después vimos que había una maniobra sistemática para captar fondos sin intención real de construir. En muchos casos, ni siquiera movieron un solo material”. Rasino explicó que la firma mostraba algunas casas entregadas como prueba de cumplimiento, pero una vez que los clientes abonaban los adelantos, los plazos se corrían sucesivamente, con retrasos de hasta dos años.
Nicolás, un afectado del partido bonaerense de Ramallo, relató en una entrevista radial que firmó contrato en marzo de 2022, pagó un anticipo y las 18 cuotas acordadas, pero la vivienda nunca se construyó. “Un año más tarde hice la platea para que ellos comenzaran con la construcción, y me dieron un plazo de 90 días hábiles para realizar la casa. Me dijeron que podía estirarse unos 60 días como mucho”, dijo.
Los abogados Facundo Ruilopez y Lautaro Dentone, que representan a otra víctima de Pueblo Esther, señalaron que la empresa “desembarcaba en una localidad, tomaba contacto con los medios locales, vendía y recibía cualquier cosa en forma de pago, como autos. Nunca tuvieron la intención de cumplir con la entrega de la casa, sino quedarse con los bienes o el dinero”. También indicaron que la firma simulaba cumplimientos para mantener la confianza de los clientes.
Otra de las afectadas, una profesional de la salud de San Justo, entregó la tarjeta de Procrear como parte de pago. Según la investigación, la firma compró materiales en comercios relacionados al rubro, pero la vivienda nunca se levantó.