Organizaciones socioambientales, referentes de la cultura y sectores de la oposición iniciaron acciones para frenar el proceso de concesión por 30 años del dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal. Un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas señaló presuntas irregularidades.
El Gobierno nacional avanza con la concesión por 30 años del dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), también denominada Hidrovía Paraná-Paraguay. En paralelo, un conjunto de organizaciones socioambientales, referentes de la cultura y sectores de la oposición comenzó a coordinar acciones para frenar el proceso licitatorio, al que consideran «plagado de irregularidades».
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, dio a conocer un dictamen en el que solicitó formalmente la impugnación del proceso licitatorio instrumentado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). En el documento se consigna que los peritos informáticos encontraron que el informe supuestamente atribuido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que el Gobierno nacional presentó como aval respaldatorio «es apócrifo».
El dictamen advierte sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú (acceso a la información ambiental), falta de mecanismos de participación ciudadana y federal de las provincias ribereñas, objeciones sobre la fórmula de evaluación de las ofertas y sobre riesgos de direccionamiento del proceso en perjuicio de la sana competencia.
Con base en ese dictamen, las organizaciones Naturaleza de Derechos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos radicaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Sebastián Casanello, con el objetivo de frenar el proceso licitatorio.
Estas acciones ocurren luego de que el Gobierno nacional comunicara a las empresas oferentes la finalización de la evaluación técnica de la licitación, confirmando que las empresas Jan de Nul y DEME avanzarán a la instancia final del proceso.
El diputado nacional de Unión por la Patria Jorge Taiana afirmó: «Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley».
Taiana presentó tres proyectos de resolución con pedidos de suspensión del proceso licitatorio y reunió firmas de personalidades de la cultura y la política para una solicitada. El martes pasado encabezó una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados junto a legisladores del bloque Unión por la Patria, especialistas, representantes sindicales, activistas ambientales y referentes de organizaciones. En el encuentro se coincidió en cuestionar la licitación por la falta de transparencia, la ausencia de participación federal y las irregularidades señaladas.
Organizaciones ambientalistas sospechan que la intención del Gobierno y de las empresas que buscan explotar la Hidrovía es profundizar el calado del canal navegable por encima de los niveles actuales. Actualmente las profundidades máximas varían entre los 34 y 37 pies, fijados tras la primera privatización en los años 90. La propuesta sería llevar la profundidad a los 44 pies para permitir la navegación de buques de mayor porte. Según denuncian, esa ampliación alteraría la dinámica natural del río y podría afectar los ecosistemas de humedales, así como actividades como la pesca, el turismo y la ganadería.