La iniciativa busca regular la gestión de intereses mediante registros públicos y sanciones penales.
El Poder Ejecutivo Nacional remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para regular la gestión de intereses, conocido como Ley de Lobby. La propuesta forma parte de un paquete de iniciativas que incluye el denominado «Súper RIGI» y otras medidas enviadas al Senado la semana pasada, como la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y la regulación de juegos de azar en línea.
El proyecto establece un Régimen de Gestión de Intereses con el objetivo de garantizar publicidad, transparencia y trazabilidad en las interacciones entre actores públicos y privados en la toma de decisiones estatales. Crea un Registro Público de Gestores de Intereses de carácter obligatorio y digital, exige declaraciones juradas sobre los intereses representados y la publicidad de las agendas de los funcionarios. Además, prevé la presentación de reportes trimestrales que deben publicarse dentro de los diez días hábiles.
La iniciativa incluye sanciones penales: realizar lobby sin estar inscripto puede ser penado con hasta dos años de prisión, y representar intereses extranjeros en áreas sensibles —como defensa, inteligencia o recursos naturales— sin declararlo puede alcanzar los tres años de prisión. La autoridad de aplicación será el Poder Ejecutivo, a través del organismo que designe, sin que se contemple un órgano independiente.
El proyecto no alcanza al Poder Judicial, cuyas gestiones se rigen por su propia normativa, ni a las provincias, que pueden adherir de forma voluntaria. El texto tiene una redacción similar a iniciativas previas presentadas por legisladores como Oscar Agost Carreño, Karina Banfi, Miguel Pichetto, Gisela Scaglia, la Coalición Cívica y Margarita Stolbizer.
Según el Gobierno, la norma busca «ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas» y se inscribe en el artículo 1° de la Constitución Nacional, que establece la forma republicana de gobierno. La iniciativa será tratada en un plenario de comisiones integrado por Asuntos Constitucionales y Legislación General, ambas presididas por Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente.