La Cámara Penal de Santa Fe confirmó las condenas a un abogado y a un policía que exigieron dinero y cocaína a un detenido a cambio de gestionar su excarcelación, pese a que ya tenía orden de libertad. Ambos fueron sentenciados a 2 años y 8 meses de prisión condicional.
La Cámara Penal de Santa Fe confirmó las condenas contra el abogado Sebastián Gervasoni y el policía Martín Horacio Herrera por intento de extorsión agravado. Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2017 en la comisaría 4ª de la capital provincial, ubicada en el barrio Roma.
Según la investigación, el policía Herrera le dijo a un detenido que su caso estaba “complicado” y le exigió dinero y una bolsa de cocaína a cambio de ser liberado. Herrera sabía que ese día se había dictado una orden judicial de libertad para el detenido, pero le ocultó esa información. Luego, el abogado Gervasoni se presentó en la comisaría, reiteró la exigencia y afirmó tener vínculos con “muchos fiscales” y que “manejaba a la Policía”.
La pareja del detenido presenció el hecho y entregó un teléfono celular y los papeles de una moto como garantía. Al día siguiente, la víctima y su pareja denunciaron el hecho en el Ministerio Público de la Acusación. La fiscal Mariela Jiménez coordinó con Asuntos Internos de la Policía provincial una entrega controlada de dinero.
El martes de esa semana, el detenido y su pareja se contactaron con Herrera, quien les indicó que se comunicaran con Gervasoni. El abogado y la víctima se encontraron en Hernandarias y avenida Peñaloza. Gervasoni devolvió el celular y la documentación y recibió billetes marcados. En ese momento, fue detenido y se secuestró el dinero y su automóvil.
En mayo de 2024, tras un juicio oral, ambos fueron condenados a 2 años y 8 meses de prisión condicional por intento de extorsión agravado por ánimo de lucro y abuso en el desempeño de funciones. También se les impuso inhabilitación especial por el mismo período: al abogado para ejercer su profesión y al policía para desempeñarse en el cargo.
Las defensas apelaron la sentencia. El camarista Roberto Prieu Mántaras revisó el caso y confirmó la condena con una leve reducción en el monto de la pena. El fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos, señaló que el juez rechazó los cuestionamientos sobre la legalidad de las pruebas. En sus fundamentos, el magistrado destacó la gravedad institucional del ilícito y su impacto en la confianza pública en las fuerzas de seguridad.